Desarrollos alarmantes en Las Palmas de Gran Canaria: la Fiscalía Anticorrupción investiga la adjudicación de contratos a empresas que carecen de la solvencia necesaria, según un informe del Grupo Popular. En la documentación más reciente, se detalla que tres empresas, todas administradas por Luis Santiago Sánchez Sánchez, recibieron múltiples contratos menores del Ayuntamiento, lo que podría violar la normativa de contratación pública.
Desde agosto de 2023 hasta julio de 2025, estas empresas han facturado un total de 299,030.25 euros a través de 29 contratos menores. Las irregularidades se han extendido más allá de la Sociedad de Promoción, alcanzando también las concejalías de Distrito para eventos culturales y fiestas.
Entre las empresas implicadas, se encuentra Azur Pro24 SL, constituida el 23 de enero de 2025, que en solo tres meses logró obtener cinco contratos menores, lo que incluye eventos culturales en diferentes barrios. Sin embargo, esta misma empresa fue excluida de la adjudicación de servicios para las Fiestas del Carmen en 2025 por no acreditar la solvencia requerida.
El documento presentado a la Fiscalía el 30 de julio de 2025 pone de relieve que, a pesar de haber sido excluida, Azur Pro24 SL estuvo presente en el montaje de eventos, lo cual ha generado preocupaciones sobre posibles subcontrataciones ilegales con empresas del mismo grupo. La exclusión fue firmada por la presidenta de la Sociedad de Promoción, Inmaculada Medina, el 4 de julio de 2025, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso de contratación.
El Grupo Popular demanda que se investigue si hubo subcontrataciones no autorizadas y si se respetaron los límites legales establecidos. La situación podría comprometer la regularidad del procedimiento y los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de trato en la gestión pública.
Además, se plantea la existencia de empresas ‘fantasma’ que podrían estar manipulando las licitaciones para asegurarse contratos y subcontratar servicios posteriormente, generando un clima de desconfianza y sospecha en la ciudadanía respecto a la gestión de fondos públicos.
Este escándalo pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar los procesos de contratación pública en Las Palmas de Gran Canaria y garantizar que se cumplan los estándares de transparencia y responsabilidad. La atención ahora se centra en la respuesta de las autoridades y en las posibles repercusiones legales que podrían surgir de esta investigación.
