Desarrollos alarmantesQuorum Social 77, Delia García, ha revelado que muchos menores extranjeros no acompañados (menas) están utilizando denuncias falsas para manipular a sus educadores sociales. Esta declaración, grabada y difundida por el experto @CanarioToday, ha generado un fuerte revuelo en la comunidad.
García reconoce que los jóvenes han aprendido a acudir a la fiscalía para presentar denuncias, lo que les permite actuar sin control dentro de los centros. Estas afirmaciones han encendido un debate urgente sobre la capacidad de la ONG para proteger tanto a los menores como a los educadores a su cargo. La admisión de que existe un uso deliberado del sistema judicial para amedrentar a los profesionales añade presión a una organización ya cuestionada por su gestión.
En los últimos meses, Quorum Social 77 ha enfrentado críticas por la administración de fondos públicos destinados a la atención de estos menores. Se han reportado condiciones precarias en sus centros, incluyendo quejas de trabajadores y asociaciones sindicales sobre falta de recursos y presiones para ocultar irregularidades internas. La situación se complica aún más tras episodios de violencia que han llevado a que educadores sufran agresiones físicas y psicológicas.
La revelación de García no solo agrava la desconfianza hacia la ONG, sino que también plantea preguntas serias sobre el futuro de la política migratoria en Canarias. La utilización de los mecanismos judiciales como arma de presión pone de manifiesto un problema estructural que ni el Gobierno canario ni la propia ONG parecen capaces de resolver.
La controversia no solo afecta a Quorum Social 77, sino que está alimentando un debate más amplio sobre cómo garantizar la tutela de los menores inmigrantes mientras se protegen los derechos de los trabajadores que los atienden. La falta de transparencia en el uso de los fondos públicos y la ausencia de una fiscalización clara sobre los contratos millonarios con la administración autonómica siguen siendo cuestiones candentes.
Las palabras de García han abierto una grieta en la credibilidad de una organización que gestiona una parte crucial de la política migratoria en Canarias. La presión ahora recae sobre las autoridades para que tomen medidas efectivas y restauren la confianza en un sistema que, a pesar de sus buenas intenciones, enfrenta serios desafíos operativos.
Con la situación en evolución, se espera que se intensifiquen las discusiones sobre las reformas necesarias para proteger tanto a los menores como a los educadores en este contexto tan delicado. La comunidad está atenta a las acciones que se tomarán en respuesta a esta crisis creciente.
