DESARROLLO URGENTE: La reciente designación del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa ha generado una ola de reacciones, destacando su nombramiento como un “hito histórico” por parte de La Nación, que busca revalidar el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina.
La editorial del diario conservador sostiene que este cambio pone fin a la “demonización” de las Fuerzas Armadas, y alega que la legitimación de su papel es indispensable frente a un “mundo en conflicto”. Sin embargo, este respaldo encierra un trasfondo preocupante: Presti es hijo de Roque Carlos Presti, un represor de la dictadura argentina, implicado en crímenes de lesa humanidad, incluyendo el secuestro de Clara Anahí Mariani.
¿QUÉ IMPLICA ESTE NOMBRAMIENTO? Este evento no solo es un mero reconocimiento a un funcionario, sino que representa una ofensiva política crucial del gobierno de Javier Milei para restaurar el antiguo poder militar. La Nación critica las voces que cuestionan los vínculos familiares de Presti, calificándolos de “impugnaciones estúpidas” y defendiendo la necesidad de reconocer el “mérito” de los militares.
La designación de Presti se produce en un contexto donde el gobierno busca consolidar el alineamiento militar con Estados Unidos, transformando a Argentina en un “aliado estratégico” en el Cono Sur. Esta estrategia podría permitir que las Fuerzas Armadas asuman un papel más activo en la política interna, algo que fue ampliamente rechazado tras la dictadura.
LA NARRATIVA DE LA NACIÓN intenta desdibujar el papel del Ejército en crímenes del pasado, presentando a sus herederos como pilares de una “reconstrucción nacional”. Sin embargo, este discurso ignora la herencia genocida que Presti representa, ya que no ha repudiado las acciones de su padre y ha elegido una carrera en la misma institución que encubrió los crímenes de la dictadura.
Como señalan expertos y críticos, la designación de un militar en actividad al frente del Ministerio de Defensa es un paso atrás en la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica. Las voces de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo resuenan, exigiendo justicia y recordando a los 30,000 desaparecidos.
¿QUÉ SIGUE? La comunidad y los organismos de derechos humanos deben estar alertas ante este intento de reescribir la historia y legitimar a las Fuerzas Armadas en un contexto donde la militarización y la represión se vuelven cada vez más evidentes. El desafío es claro: defender el legado de lucha por la verdad, la justicia y los derechos humanos frente a un gobierno que busca normalizar la presencia militar en la política argentina.
La Nación, en su editorial, parece ignorar el dolor y la lucha de miles de argentinos que aún claman por justicia. Este debate no es meramente institucional, es profundamente político y afecta la vida de millones de personas.
