La Ley Europea de Accesibilidad, que entró en vigor en julio de 2025, exige que el número de emergencias 112, los bancos y el transporte público sean accesibles para todos, impactando a más de 440 millones de ciudadanos en la Unión Europea, incluidos casi 100 millones de personas con alguna discapacidad. Este cambio legislativo es crucial ya que se prevé que para 2050, el 30% de la población sea mayor de 65 años, un aumento significativo respecto al 20% actual.
A partir de ahora, el número 112 deberá permitir que personas con dificultades de comunicación accedan a los servicios de emergencia utilizando voz, texto o vídeo en tiempo real, desde cualquier lugar de España y Europa. Además, los cajeros automáticos tendrán que contar con interfaces accesibles y multisensoriales para asegurar que las personas ciegas o con baja visión puedan realizar transacciones bancarias sin obstáculos.
El director de AccessibleEU, Jesús Hernández-Galán, subrayó la importancia de esta normativa: “Poder llamar al 112, sacar dinero de un cajero o reservar un billete por internet sin barreras no debería ser un reto para nadie». Esta ley establece que la accesibilidad es una condición esencial para vivir con autonomía, seguridad y dignidad.
Los operadores de sistemas de transporte público también están obligados a informar sobre la accesibilidad de las estaciones y sus servicios. Los sitios web y aplicaciones móviles que ofrecen información sobre horarios y compra de billetes deben cumplir con los nuevos requisitos de accesibilidad. Las pantallas de información en las estaciones también estarán sujetas a estas regulaciones.
La legislación también incluye la obligación de aplicar requisitos de accesibilidad en productos tecnológicos como ordenadores, teléfonos inteligentes, plataformas de comercio electrónico, televisores, libros digitales y sistemas de reproducción de audio y vídeo. Esto garantiza que todos los elementos de la vida cotidiana sean accesibles para todos los ciudadanos.
Además, la Ley Europea de Accesibilidad exige formación obligatoria en atención a personas con discapacidad para el personal encargado de brindar servicios, asegurando que todos estén equipados para atender adecuadamente a la población con necesidades especiales.
Este avance legislativo es un paso decisivo hacia una Europa más inclusiva, donde cada ciudadano pueda desenvolverse con libertad en su vida diaria. Con la implementación de esta ley, se espera que la calidad de vida de millones de personas mejore significativamente, permitiéndoles vivir sin barreras y con dignidad.
