La Fiscalía General del Estado (FGE) ha admitido serias dificultades en la ejecución de expulsiones de inmigrantes que cometen delitos, revelando que en 2024 solo se solicitaron 294 internamientos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), lo que representa apenas un 0,5% de las entradas ilegales registradas ese año. Esta alarmante cifra pone de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno para llevar a cabo expulsiones efectivas, ya que los internamientos no se aplican automáticamente a todos los inmigrantes ilegales.
Los informes de la FGE, examinados por LA GACETA, indican que muchos de estos casos no derivan en medidas inmediatas de retorno, permitiendo que extranjeros en situación irregular permanezcan indefinidamente en el país. De hecho, uno de cada tres permisos de residencia en España se otorga a inmigrantes que llegaron de forma ilegal.
Además, el informe señala graves problemas en el sistema de expulsiones sustitutivas en el ámbito penal, las cuales deberían ser una alternativa a la prisión para extranjeros delincuentes. Sin embargo, los fiscales alertan sobre un mecanismo lleno de obstáculos que favorece la impunidad, complicando aún más el control migratorio. Las demoras sistemáticas en los procesos de expulsión, junto con el colapso en los juzgados, dificultan que los investigados sean localizados, ya que muchos cambian de residencia o se ocultan.
La FGE también reconoce que muchos jueces no cumplen con su obligación de notificar inmediatamente los fallos condenatorios a las autoridades responsables de las expulsiones, lo que crea un proceso burocrático lento y ineficaz. En 2024, los fiscales emitieron 1,117 informes sobre posibles expulsiones, concentrándose en regiones como Madrid (204 informes), Andalucía (117) y la Comunidad Valenciana (108). Sin embargo, los delegados especializados advierten que controlar esta situación es «imposible» debido a la falta de coordinación y a problemas técnicos en el sistema de registro digital.
La combinación de estos factores resalta la urgencia de una reforma en el sistema de expulsiones, ya que muchos extranjeros con antecedentes criminales continúan en el país sin consecuencias. La falta de acción efectiva no solo afecta la seguridad pública, sino que también plantea cuestionamientos sobre la gestión de la inmigración en España.
