La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, ha denunciado en una rueda de prensa que el Gobierno está “asfixiando” al Ministerio Público al aprobar solo 3.000 millones de soles (aproximadamente 857 millones de dólares) de los 15.000 millones de soles solicitados, lo que representa un alarmante 80% de recorte en su presupuesto. Esta grave situación se da en un contexto de creciente tensión debido a las investigaciones que la Fiscalía ha abierto contra altos funcionarios del Gobierno, incluida la presidenta Dina Boluarte.
Espinoza criticó duramente al Ejecutivo por impedir el funcionamiento efectivo del Ministerio Público, al señalar que la cifra aprobada representa apenas el 20% del monto necesario para llevar a cabo sus funciones. “Se nos está asfixiando”, afirmó Espinoza, subrayando que la solicitud contaba con un respaldo técnico sólido.
La denuncia de la fiscal general se produce en medio de un clima de desconfianza, alimentado por preocupaciones sobre un posible trato desigual en la asignación de recursos públicos. Mientras otras entidades han recibido partidas adicionales, el Ministerio Público enfrenta un desfinanciamiento que podría comprometer funciones esenciales, como la investigación criminal y la protección de testigos.
Espinoza ha enfatizado que el Ministerio Público necesita recursos adecuados para cumplir su labor, especialmente en un país donde la lucha contra la corrupción es una demanda social apremiante. El presupuesto solicitado buscaba asegurar recursos humanos, operativos y logísticos en todo el país, pero con solo una quinta parte del monto aprobado, se anticipa que muchas funciones críticas se verán gravemente comprometidas.
“Estamos hablando de un menoscabo a una institución que debe ser garante de la legalidad y el Estado de derecho”, advirtió Espinoza, quien ha defendido desde su llegada al cargo la necesidad de una independencia institucional robusta. Las consecuencias de este recorte presupuestario podrían ser devastadoras, no solo para el Ministerio Público, sino para el sistema de justicia en su conjunto.
Las investigaciones en curso contra altos funcionarios del Gobierno, que incluyen presuntos casos de corrupción y delitos vinculados al ejercicio del cargo, han arrojado aún más luz sobre las motivaciones detrás de este recorte. La situación actual exige atención inmediata, ya que el futuro del trabajo anticorrupción en Perú está en juego.
Los ciudadanos deben estar atentos a cómo se desarrollan estos eventos y qué medidas se tomarán para asegurar el adecuado financiamiento del Ministerio Público. La comunidad internacional también observa con interés, ya que este conflicto podría tener implicaciones significativas para la gobernabilidad y la democracia en Perú.
