Desarrollo urgente: La defensa del fiscal general ha lanzado un ataque directo al trabajo de la UCO, cuestionando la legalidad del volcado de datos de García Ortiz, argumentando que excede el mandato del Supremo.
La abogacía del Estado sostiene que las pruebas obtenidas podrían ser consideradas inválidas, lo que podría tener repercusiones significativas en la actual investigación. Este nuevo giro en el caso ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones de la UCO, la unidad encargada de la lucha contra el crimen organizado.
La situación se complica aún más ya que la UCO ha sido una pieza clave en varias investigaciones de alta relevancia, y la defensa argumenta que cualquier irregularidad podría socavar la confianza en el proceso judicial. La defensa ha presentado sus argumentos en un momento crucial, lo que podría impactar en el desenlace del caso.
Las implicaciones de este conflicto son enormes, ya que no solo afectan a los involucrados directamente, sino que también cuestionan la eficacia y la ética de las prácticas de investigación utilizadas por las autoridades. La comunidad está atenta a cómo se desarrollarán los acontecimientos en las próximas horas, ya que cualquier decisión podría cambiar el rumbo del caso.
La opinión pública está dividida, y la presión sobre las autoridades judiciales para garantizar la transparencia y la justicia es más alta que nunca. Con esta nueva revelación, la atención se centra en cómo responderán los organismos implicados y qué medidas tomarán para asegurar que el proceso judicial se mantenga dentro de los límites legales establecidos.
Se espera que en las próximas horas se produzcan declaraciones oficiales que aclaren la situación, por lo que todos los ojos están puestos en el Tribunal Supremo y en el curso que tomará este caso crítico.
