La tensión aumenta en el juicio del fiscal general
Hoy el Tribunal Supremo se ha visto envuelto en una intensa disputa durante el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos tras la filtración de un correo de la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La jornada ha estado marcada por un choque frontal entre la Abogacía del Estado y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Acusaciones y defensas en el estrado
La abogada del Estado, Consuelo Castro, ha cuestionado las conclusiones de los informes de la UCO, argumentando que se basan más en deducciones que en pruebas tangibles. “Más de 500 personas tenían acceso al correo en cuestión”, insistió Castro, desafiando la decisión de centrar la investigación únicamente en García Ortiz.
El teniente coronel Antonio Balas de la UCO, defendió la investigación con ironía, afirmando que lleva indagando desde 1999 y que su equipo ha actuado bajo criterios específicos para descartar hipótesis. Según los agentes, el fiscal general tenía «el dominio a todos los niveles» de la información relevante.
Defensa y acusaciones cruzadas
García Ortiz negó rotundamente haber filtrado el correo y afirmó no haber tenido contacto alguno con periodistas sobre este asunto. «No mantuve ninguna conversación con el señor Campos», declaró, aludiendo a un periodista mencionado en la investigación. “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”, sostuvo ante el tribunal, defendiendo su reputación y la de la Fiscalía.
La defensa del fiscal general también solicitó la anulación de los registros realizados en su despacho, argumentando que las acciones de la UCO fueron “desproporcionadas”. La UCO, por su parte, admitió que no puede asegurar quién fue el autor de la filtración, aunque las sospechas se centran en la cúpula del Ministerio Fiscal.
Impacto y próxima fase del juicio
El juicio, que se encuentra en su fase final, se reanuda mañana con los informes finales de las partes y la última palabra de García Ortiz. Este caso no solo pone en juego la reputación del fiscal general, sino que también plantea serias preguntas sobre la transparencia institucional y la independencia del Ministerio Público.
A pesar de las acusaciones, la defensa sostiene que no existen pruebas materiales que sustenten las denuncias. La presión en torno a este caso es alta, y su desenlace podría tener repercusiones significativas en el ámbito judicial español.
En medio de este panorama, el debate sobre la ética y la responsabilidad en la divulgación de información sensible se vuelve más relevante que nunca, dejando a la sociedad con la expectativa de un veredicto que podría cambiar el curso de la justicia en el país.
