La reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha decidido cambiar la denominación de la «Bandera Comandante Franco» a «Bandera de España», en cumplimiento con la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Esta resolución ha sido celebrada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, que había solicitado formalmente el cambio al Ministerio de Defensa.
La asociación defiende que es fundamental que las sociedades reconozcan a quienes promueven valores democráticos y rechacen a aquellos que han atentado contra ellos. Según su declaración, «España es un Estado social y democrático de Derecho», y no debe honrar a figuras que instauraron regímenes de opresión y violencia.
El contexto de la decisión judicial
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que la referencia a «Comandante Franco» constituye una «exaltación del franquismo», lo que contraviene la legislación vigente. Esta decisión se produce tras el recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco, que solicitó la paralización del cambio de nombre, argumentando que la denominación hacía referencia a un comandante que no era el dictador.
Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos, subrayando que la referencia al franquismo no se ajusta a los principios de neutralidad exigidos por la Ley de Memoria Democrática. La sentencia recuerda que la ley obliga a retirar símbolos y nombres que glorifiquen el alzamiento militar y la dictadura franquista.
Impacto del cambio de nombre
El cambio a «Bandera de España» fue propuesto por el Ministerio de Defensa como parte de una revisión más amplia de la simbología militar. Esta modificación se comunicó internamente en 2022, pero ha tomado fuerza ahora con el respaldo judicial, lo que la convierte en un paso significativo en la adecuación del Ejército a los principios democráticos actuales.
A pesar de que el cambio es simbólico y no afecta a la operatividad del Tercio Gran Capitán I de la Legión, ha generado controversia. Diversos colectivos de veteranos han calificado la decisión como una «afrenta» a la historia militar de España, argumentando que el nombre de la bandera no hacía alusión al dictador, sino a una figura histórica importante en el contexto legionario.
Esta transformación se inscribe en una serie de medidas adoptadas por el Gobierno en torno a la memoria histórica, que incluyen cambios en la nomenclatura de calles y la retirada de distinciones relacionadas con el régimen franquista. Así, la decisión del Ministerio de Defensa se alinea con el objetivo de adaptar la memoria institucional a los valores democráticos actuales.
