Desarrollo urgente: El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por posible intrusismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según informes, Peinado ha encargado a la Asociación Española de Abogados del Estado un análisis sobre las “cualificaciones académicas y titulación exigibles” para determinar si Gómez incurrió en un delito al firmar pliegos técnicos de contratación.
La investigación se centra en cinco presuntos delitos que incluye tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El caso se inició en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias que acusaba a Gómez de usar su relación con el presidente para influir en licitaciones públicas. En noviembre de 2024, el juez abrió una nueva línea de investigación relacionada con irregularidades en el registro de un software de una cátedra que Gómez codirigía.
Ahora, un año después, Peinado ha ordenado diligencias para esclarecer si Gómez firmó la propuesta del pliego de cláusulas administrativas para la Cátedra de TSC y documentos relacionados con un contrato con Deloitte sin la capacitación adecuada. La defensa de Gómez sostiene que actuó bajo órdenes de la UCM, desvinculándose de cualquier irregularidad.
Este caso no solo podría tener repercusiones legales para Gómez, sino que también plantea serias preguntas sobre la ética y la transparencia en las instituciones públicas. Las decisiones del juez Peinado se seguirán de cerca, ya que podrían llevar a un juicio por parte de un tribunal del jurado, dado que el tráfico de influencias es un delito de competencia exclusiva del jurado popular.
Se espera que el informe solicitado por Peinado aclare las capacidades requeridas para la firma de estos pliegos, aumentando la tensión en un asunto que ha captado la atención del público y de los medios. El desenlace de esta investigación podría tener un impacto significativo en la imagen del Gobierno y en la confianza del electorado en las instituciones.
