El juez federal Ernesto Kreplak ha tomado una decisión impactante al apartar al Ministerio de Salud como querellante en la investigación por las muertes causadas por el fentanilo contaminado. Este fallo revela que las autoridades nacionales, incluidas aquellas que debían ejercer el control sanitario, también están bajo sospecha, lo que plantea serias interrogantes sobre su responsabilidad en la crisis.
La resolución del juez se fundamenta en el «grado de sospecha suficiente» sobre la actuación del estado, lo que implica que el ministro de Salud, Mario Lugones, ahora se encuentra bajo la lupa tras haber reclamado inicialmente el rol de querellante. Este cambio de rumbo se produce en un contexto donde el gobierno de Milei ha sido criticado por despedir a profesionales de la ANMAT, cuya falta de acción contribuyó a esta tragedia.
Casi un centenar de muertes podrían haberse evitado si los organismos de control hubieran actuado con la seriedad necesaria. Lejos de ser un simple «accidente», el escándalo del fentanilo expone una trama de negligencia y encubrimiento que beneficia a empresas farmacéuticas en detrimento de la salud pública. Mientras tanto, trabajadores del Hospital Garrahan y otros centros de salud enfrentan precarización laboral, exigiendo mejores salarios y condiciones de trabajo.
La situación se torna más urgente a medida que la organización de residentes, enfermeros y trabajadores de la salud se fortalece, pidiendo un sistema de salud pública que priorice la vida sobre el lucro. Este desarrollo no solo afecta a quienes han sufrido por el fentanilo, sino que también plantea un grave desafío ético y moral para el gobierno y sus políticas de salud.
Con el Ministerio de Salud en el ojo del huracán, queda por ver cómo reaccionará el gobierno ante esta presión creciente. La comunidad está atenta a los próximos pasos judiciales y políticos en este caso que podría cambiar el rumbo de la salud pública en el país.
