Desarrollo urgente: Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, ha dado una sorprendente entrevista radial donde intenta desvincularse de la responsabilidad en el escándalo del fentanilo contaminado que ya ha causado 96 muertes confirmadas. Durante su aparición en el programa de Ernesto Tenembaum, Furfaro admitió que la contaminación se produjo dentro de su laboratorio, pero culpó a un excolaborador, Andrés Quinteros, acusándolo de un presunto “sabotaje”.
Impacto inmediato: La declaración de Furfaro ha generado indignación, ya que como propietario, es el máximo responsable de lo que sucede en HLB Pharma. Su afirmación de “no entender” lo ocurrido es vista como una burla hacia las familias que han perdido seres queridos. La situación ha revelado serias falencias en el control de calidad en el sector farmacéutico, lo que pone en riesgo la salud pública.
Detalles críticos: Furfaro, quien también ha reconocido que su laboratorio se benefició de relaciones con el Estado, incluso viajó a Rusia para obtener la vacuna Sputnik durante la pandemia de COVID-19. El estado argentino, a través de la ANMAT, ya tenía conocimiento de “deficiencias críticas” en el laboratorio un mes antes de que se produjeran los lotes contaminados. A pesar de estas advertencias, se permitió que los productos llegaran al mercado, lo que evidencia un sistema que prioriza intereses empresariales sobre la salud de la población.
Contexto alarmante: Este caso no es aislado, forma parte de un patrón de desregulación que afecta al sector farmacéutico en Argentina. Las inspecciones son mínimas y, en muchos casos, pactadas con los laboratorios, lo que ha llevado a un escenario peligroso donde la impunidad y el lucro empresarial prevalecen sobre la seguridad.
Próximos pasos: Las autoridades deben ofrecer respuestas inmediatas a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes del fentanilo contaminado. Es crucial que se identifiquen a los responsables y se rindan cuentas por esta tragedia evitable. Si el Estado no actúa, se exigirá una investigación independiente que incluya a expertos en salud pública y a familiares de las víctimas. La movilización social será clave para frenar la impunidad y buscar justicia.
Este escándalo pone de relieve la necesidad urgente de reformar las políticas de control en el sector farmacéutico para evitar que tragedias como esta se repitan.
