Desarrollo urgente: El Gobierno de Canarias, bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, ha sido señalado por adjudicar 45 millones de euros en contratos de emergencia a cinco empresas que ahora enfrentan investigaciones por posibles fraudes. Estos contratos se formalizaron durante los meses críticos de la pandemia, cuando se requería material sanitario urgente, lo que ha llevado a la Fiscalía Europea y otros organismos a investigar el uso de estos fondos.
Las empresas beneficiadas, entre las que se encuentran Injoo, Damco Trading, Tanoja Services, Soluciones de Gestión y RR7 United, recibieron contratos sin licitación, lo que ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Un análisis de The Objective revela que un tercio de estos contratos fue adjudicado a empresas ajenas al sector sanitario.
La controversia se intensifica con el caso de ACJ Inversiones Canarias, que recibió 17,6 millones de euros en contratos y cuyos directivos han sido citados a declarar ante el Parlamento autonómico. Este caso se enmarca dentro de la comisión de investigación del llamado «Caso Mascarillas» y ha puesto de relieve graves irregularidades en la gestión de fondos europeos.
En particular, Soluciones de Gestión obtuvo cerca de 12,3 millones de euros en contratos financiados con fondos europeos, vinculados al empresario Víctor de Aldama, quien es señalado por los investigadores como un intermediario clave. Esta situación ha llevado a que la Audiencia Nacional intervenga en el caso, aunque los informes no implican directamente a Torres en las irregularidades, sí destacan su interés en ciertos pagos.
La empresa RR7 United firmó un contrato de cuatro millones de euros para suministrar un millón de mascarillas FFP3, que resultaron no cumplir con los requisitos establecidos. Esto ha llevado a la dimisión de Conrado Domínguez, quien era el director del Servicio Canario de Salud.
Además, Damco Trading Services se benefició de siete contratos de emergencia por valor de casi 16,6 millones de euros, detectándose múltiples deficiencias en la gestión de estos fondos. Asimismo, Tanoja Services, con sede en Madrid, fue adjudicada 4,2 millones de euros en contratos, que ahora están bajo investigación judicial.
La situación es alarmante, ya que se han identificado anomalías significativas en la documentación y el control de gastos de muchos de estos contratos. La Audiencia de Cuentas de Canarias ha solicitado revisar toda la documentación relacionada con estas adjudicaciones.
Próximos pasos: La Fiscalía Europea continúa su revisión sobre el uso de los fondos europeos, mientras que Torres defiende su postura alegando que no participó en la elección de proveedores, enfatizando que la responsabilidad recayó en el Servicio Canario de Salud.
Este escándalo pone de manifiesto los riesgos de la contratación de emergencia durante la pandemia y destaca la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión de recursos públicos, especialmente cuando se trata de fondos europeos. Con la investigación en curso, se espera que más detalles salgan a la luz, lo que podría tener un impacto significativo en la política canaria y en la confianza pública en la administración.
