El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la condonación de 85.000 millones de euros en deuda a las comunidades autónomas, un movimiento que ha generado una ola de reacciones, especialmente desde el Partido Popular (PP) que lo califica como un agravio y una cesión al independentismo. Esta decisión, que se formaliza en el marco de un compromiso con ERC, busca aliviar la carga financiera de las comunidades y facilitar la aprobación de los presupuestos generales para 2026.
Según fuentes oficiales, se estima que las comunidades podrán ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses, lo que ha llevado a la ministra de Hacienda a afirmar que «no tienen argumentos para renunciar» a esta quita. Sin embargo, líderes regionales como el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y el de Aragón, Jorge Azcón, critican esta medida, argumentando que es un «negocio ruinoso» que establece un Estado asimétrico y privilegia a ciertas regiones.
En el contexto de esta aprobación, la deuda pública ha alcanzado un récord histórico de 1,691 billones de euros, lo que añade urgencia a la situación financiera de España. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que el PP eventualmente aceptará la condonación, a pesar de su actual oposición, y señala que la mayoría de las comunidades que hoy se muestran reacias, como Andalucía, podrían cambiar de postura una vez que se concreten los beneficios.
La situación es crítica y se espera que el debate continúe en las próximas semanas, con implicaciones significativas para la política fiscal y la cohesión entre las diferentes comunidades autónomas. La aprobación final de esta medida requerirá el visto bueno de las Cortes, lo que abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y las autonomías.
