Nuevas revelaciones judiciales sacuden el panorama mediático en Francia. Los gigantes del audiovisual público, France Télévisions y Radio France, han presentado demandas formales contra CNews, Europe 1 y Le Journal du Dimanche (JDD), exigiendo 1,5 millones de euros por supuestos «ataques» y «competencia desleal». Esta maniobra ha sido calificada como un intento de intimidación política sin precedentes, justo después de que se destapara un escándalo que reveló la connivencia de los medios públicos con el Partido Socialista.
La controversia se originó tras la divulgación de un video filtrado por el medio conservador L’Incorrect, donde se observaba a los comentaristas estrellas de France Inter, Thomas Legrand y Patrick Cohen, en conversaciones privadas con altos funcionarios del Partido Socialista, discutiendo estrategias para favorecer al PSOE francés y perjudicar a sus adversarios. Este material ha generado un fuerte debate sobre la imparcialidad de los medios públicos, que son financiados por los contribuyentes.
Los canales del grupo Bolloré han denunciado el video como la prueba definitiva de un sesgo estatal, señalando que los medios públicos actúan como un aparato ideológico de la izquierda progresista. Desde entonces, CNews, Europe 1 y JDD han sido acusados de llevar a cabo una «campaña sistemática de denigración» contra ellos.
Las presidentas de France Télévisions y Radio France afirmaron que existe un supuesto complot para «privatizar» el sector y reducir la influencia cultural del Estado. Sin embargo, críticos argumentan que el verdadero objetivo de los medios públicos es silenciar a la competencia que cuestiona su hegemonía ideológica.
El director de CNews, Serge Nedjar, calificó de «irresponsable» que un medio financiado con dinero público etiquete a sus competidores como «extrema derecha» y luego intente arruinarles en los tribunales. Periodistas de Europe 1 han subrayado que llevan años siendo objeto de ataques constantes por parte de las cadenas estatales.
En el Parlamento, el diputado de derecha Maxime Michelet denunció que «hay algo podrido en el reino del audiovisual público», señalando que los medios financiados por los contribuyentes, tras ser expuestos en su connivencia con la izquierda, utilizan recursos del Estado para perseguir judicialmente a quienes los fiscalizan.
La situación se desarrolla en un momento crítico para la prensa en Francia, donde la libertad de expresión y la imparcialidad mediática están bajo un intenso escrutinio. Se espera que esta batalla legal continúe intensificándose en las próximas semanas.
