Un nuevo informe forense revela que el fentanilo contaminado ha sido responsable de casi 100 muertes evitables en Argentina, confirmando la complicidad del ministro de Salud, Mario Lugones, y la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
El informe, dado a conocer recientemente, establece que las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii presentes en las ampollas de fentanilo del lote 31202 fueron determinantes en la muerte de numerosos pacientes en hospitales de La Plata, Rosario, Entre Ríos y Santa Fe. De las 20 historias clínicas analizadas, el fentanilo contaminado fue catalogado como un “factor agravante significativo” en 12 casos.
Familiares de las víctimas y profesionales de la salud han denunciado desde hace tiempo que estas muertes eran evitables si el Estado hubiera actuado con celeridad. El lote de fentanilo contaminado, producido por HLB Pharma en diciembre de 2024, se distribuyó masivamente pese a las irregularidades detectadas por la ANMAT. En total, más de 45,000 ampollas contaminadas circularon en el sistema de salud público y privado.
La ANMAT solo prohibió la comercialización del fentanilo el 13 de mayo de 2025, dos meses después de los primeros fallecimientos. Esta falta de acción ha sido calificada de negligencia escandalosa, y Lugones ha sido señalado como un cómplice en el encubrimiento de esta crisis sanitaria.
Además, el contexto político es alarmante. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación del Estado, ha intentado desvincularse de la responsabilidad al afirmar que el ANMAT había fallado en su función. Sin embargo, las pruebas apuntan a una seria falta de control estatal y a un sistema de salud vulnerado por intereses privados.
El diputado nacional del PTS, Christian Castillo, ha solicitado la interpelación de Lugones y los funcionarios de la ANMAT en la Cámara de Diputados para abordar este escándalo. La presión aumenta mientras las familias exigen justicia y castigo para quienes han permitido esta tragedia.
Este caso representa una catástrofe sanitaria sin precedentes en Argentina, donde el carácter sistémico del problema y la complicidad del Estado han dejado a las familias en luto y desamparo. La lucha por la estatización de los laboratorios y un sistema de salud público y controlado por los trabajadores surge como una demanda urgente en medio de este devastador episodio.
El impacto de esta crisis resuena en todo el país, y mientras el gobierno intenta diluir responsabilidades, la realidad es que las evidencias son contundentes y los responsables deben ser llevados ante la justicia.
