En una declaración impactante, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que si asume el gobierno, creará un registro de médicos dispuestos a realizar abortos, en lugar de un listado de objetores, como establece la ley actual. «Lo que importa para una mujer es saber qué ginecólogos y obstetras están a su disposición», enfatizó Feijóo en una entrevista reciente en Antena 3. Este anuncio podría cambiar radicalmente la forma en que se aborda el acceso al aborto en España, un tema que genera intensos debates.
La vicesecretaria de Acción Sectorial del PP, Alma Ezcurra, aclaró que esta propuesta busca demostrar que el PP no está a favor de «listas negras», sino de respetar la legalidad vigente. «Si a alguien no le gusta la ley en vigor, tendrá que ganar las elecciones para cambiarla», afirmó durante una rueda de prensa. Esta postura resalta la intención del partido de alinearse con las necesidades de las mujeres, priorizando el acceso a servicios médicos.
Feijóo también expresó su opinión sobre el derecho de los médicos a declararse objetores de conciencia, destacando que «admitamos las posibilidades que tiene una mujer para abortar y admitamos las posibilidades que tiene un médico para no practicar un aborto». Esta declaración abre un nuevo frente en el debate sobre los derechos reproductivos en el país.
La controversia creció después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enviara una carta a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid, dándoles un plazo de tres meses para implementar el registro de objetores de conciencia, como lo estipula la ley. Esta medida fue provocada por la polémica surgida tras la aprobación de una iniciativa de Vox en Madrid, que sugería informar a las mujeres sobre un presunto «trauma posaborto», un concepto desacreditado por expertos.
A pesar de la oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la creación de dicho registro, Feijóo afirmó que Madrid no se encuentra «en rebelión». Reiteró que las interrupciones voluntarias del embarazo se llevan a cabo en los hospitales de la región de acuerdo con los criterios de los profesionales médicos.
El líder del PP también cuestionó las cifras que indican que solo el 1% de los abortos se realizan en la sanidad pública de Madrid, sugiriendo que algunos abortos desde Castilla-La Mancha son derivados a hospitales madrileños. Enfatizó que el derecho al aborto ha estado vigente en España por más de 30 años y que cualquier mujer que desee abortar debería hacerlo «con el mejor asesoramiento médico y psicológico, de acuerdo con las leyes».
Este nuevo enfoque de Feijóo podría tener un impacto significativo en la política de salud reproductiva en España, ya que intenta reposicionar el debate hacia un acceso más claro y directo a los profesionales de la salud. Con la inminente posibilidad de elecciones, la estrategia del PP podría atraer a un electorado que busca mayores garantías en sus derechos reproductivos.
Mientras tanto, los ojos están puestos en cómo reaccionarán las comunidades autónomas y qué pasos se tomarán en los próximos días ante esta creciente controversia. Las discusiones sobre el aborto en España no solo reflejan un conflicto legislativo, sino que también resaltan la importancia de la salud y los derechos de las mujeres en la sociedad actual.
