La Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia ha comenzado a juzgar a una enfermera del área de pediatría de un centro de salud en Santurtzi, acusada de simular la vacunación de 404 menores. Este caso ha generado un profundo malestar entre las familias afectadas, que exigen una condena de hasta 12 años de prisión para la acusada.
El juicio, que se inició el lunes, ha despertado una gran atención mediática. Durante la sesión, se presentaron pruebas que apuntan a que la enfermera no solo falsificó el registro de vacunaciones, sino que también expuso a los niños a un riesgo innecesario al no administrarlas realmente. Este acto ha sido calificado de “extremadamente grave” por los fiscales.
Las familias de los menores se han mostrado muy afectadas por la situación. En declaraciones a la prensa, una de las madres aseguró que “la confianza en el sistema de salud se ha roto” y que “es fundamental que se haga justicia”. La preocupación por la salud y el bienestar de los niños ha llevado a estas familias a exigir una respuesta contundente ante lo que consideran una violación inaceptable de la ética profesional.
En este contexto, la defensa de la enfermera ha intentado justificar su actuación, argumentando que su intención no era perjudicar a los menores, sino que se trataba de un malentendido administrativo. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a las familias ni a la acusación, que considera que la gravedad de los hechos justifica una condena severa.
El caso ha puesto de relieve la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el ámbito sanitario. Los padres de los niños han solicitado que se implementen medidas más estrictas para prevenir situaciones similares en el futuro, y han destacado la necesidad de una supervisión más rigurosa en la administración de vacunas.
El juicio se espera que continúe durante varios días, con la presentación de más testimonios y evidencias. La decisión final recaerá sobre los jueces de la Audiencia Provincial de Bizkaia, quienes tendrán la responsabilidad de valorar la gravedad de los hechos y determinar la pena correspondiente para la enfermera. Las familias continúan a la espera de una resolución que les brinde la justicia que consideran merecida.
