Las tensiones en la política autonómica se intensifican tras el fuerte pronunciamiento del economista Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), quien advierte que el nuevo pacto fiscal podría dejar a las comunidades más pobres, como Asturias, en una situación crítica. Según De la Fuente, el acuerdo, que se discute actualmente, aumentará los recursos destinados a Cataluña a expensas de los que reciben otras regiones, lo cual podría resultar devastador a largo plazo.
De la Fuente enfatiza que, si se materializa el modelo de «financiación singular», Asturias y otras comunidades del régimen común sufrirán severas pérdidas. «Con esto a largo plazo, las comunidades más pobres acabarán peor, eso es seguro», afirma. Este pacto podría reducir la caja del régimen común entre 6,600 y 13,200 millones, lo que afectaría directamente servicios esenciales como Educación y Sanidad.
El economista destaca que el nuevo sistema propuesto, que contempla una Agencia Tributaria Catalana con competencias compartidas, crearía un escenario caótico con hasta quince agencias tributarias diferentes. «¿Cómo se gestiona eso? A mí me parece un disparate», señaló De la Fuente, quien también advierte sobre el aumento del fraude que podría generar esta dispersión.
Las repercusiones del pacto fiscal podrían extenderse a la Seguridad Social, donde el creciente déficit obligaría a las comunidades a depender aún más de los impuestos estatales. «Si extendemos a Cataluña el sistema vasco o navarro, el tamaño del agujero podría ser enorme», advirtió. La situación es alarmante dada la necesidad de inyecciones fiscales para cubrir el déficit creciente en el sistema de pensiones.
El decano del Colegio de Economistas de Asturias, Abel Fernández, también critica el documento, considerándolo «demasiado abierto» y con potencial para vulnerar los principios de solidaridad e igualdad. «Cataluña aporta ahora el 20% de los recursos del régimen común, y si se sale, veríamos nuestros ingresos muy comprometidos», sostuvo Fernández, quien teme que esto amenace los servicios públicos en Asturias.
Mientras tanto, Cataluña sigue insistiendo en que su financiación es insuficiente, una afirmación con la que Fernández no concuerda, citando una gestión deficiente y un alto nivel de endeudamiento como factores en juego. La comunidad autónoma se enfrenta a un dilema crítico, ya que las decisiones actuales definirán el futuro de su financiación y el impacto en el resto de las comunidades.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo de este pacto y su posible implementación. Las comunidades más afectadas, como Asturias, deben prepararse para un debate intenso sobre la equidad y la sostenibilidad del sistema fiscal español.
