Desarrollos alarmantes en Veracruz: El ex alcalde de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, fue encontrado decapitado este jueves, solo tres días después de ser secuestrado por un grupo armado. El hallazgo se realizó en una carretera entre los municipios de Oteapan y Zaragoza, en una región infestada por el crimen organizado y el narcotráfico.
Familiares del ex edil confirmaron que Luría, quien gobernó Chinameca por el Partido Acción Nacional (PAN) entre 2012 y 2013, había sido secuestrado a principios de noviembre. Las autoridades reportan que su cuerpo fue descubierto en un área agrícola, vestido con pantalón de mezclilla azul, camiseta blanca y sandalias, presentando evidentes señales de violencia extrema.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha anunciado la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer las causas del crimen y dar con los responsables. Se han desplegado unidades forenses y de la Policía Ministerial en la escena del crimen, buscando determinar si el asesinato está vinculado a su trayectoria política o a redes criminales locales.
Este brutal asesinato ha conmocionado a una región que se ha convertido en un epicentro de violencia política en México. Con más de 20 ex alcaldes asesinados en la última década, muchos de ellos víctimas de secuestros o ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico, la situación es crítica.
La violencia política ha ido en aumento en México, especialmente con miras al ciclo electoral de 2026, evidenciado por las decenas de ataques contra funcionarios, candidatos y exautoridades municipales. El asesinato de Luría se suma a una larga lista de crímenes sin resolver en el país, donde se registran más de 80 homicidios diarios, muchos de ellos ejecutados con características violentas.
Este trágico evento subraya la grave crisis de seguridad que enfrenta México, donde las promesas del Gobierno de Claudia Sheinbaum parecen no haber logrado contener la ola de violencia y el crimen organizado. Los habitantes de Chinameca y de todo Veracruz permanecen en alerta ante la creciente amenaza de la violencia política y criminal, que impacta directamente en la vida de los ciudadanos.
Las autoridades locales instan a la población a proporcionar información que pueda ayudar a resolver este caso y llevar a los culpables ante la justicia. La comunidad espera respuestas rápidas y efectivas, mientras las investigaciones continúan para desentrañar los oscuros vínculos que rodean este asesinato.
La situación en Veracruz es un recordatorio del desafío constante que enfrenta el país en términos de seguridad y justicia, y la necesidad urgente de abordar la violencia que afecta a quienes ocupan cargos públicos.
