Últimas noticias: El gobierno español ha tomado una decisión controvertida al otorgar a Huawei, una empresa china con vínculos al régimen de Pekín, un contrato de 12,3 millones de euros para gestionar y almacenar escuchas judiciales, un movimiento que podría comprometer la seguridad nacional.
Esta decisión, que afecta a datos sensibles utilizados por la Policía y los servicios de inteligencia, desafía las recomendaciones de la Unión Europea sobre proveedores de alto riesgo en el ámbito de la ciberseguridad. Huawei, que ya proporciona soporte técnico a SITEL, el sistema español de interceptación legal, ve aumentar su involucramiento a pesar de la Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017, que permite al Estado chino exigir cooperación.
La UE, en su Toolbox de Ciberseguridad 5G, sugiere limitar la participación de empresas como Huawei en proyectos críticos, mientras España las excluye de redes 5G pero las aprueba para vigilancia, lo que pone en jaque la seguridad pública y el orden institucional.
Expertos advierten que los datos sensibles podrían ser accesibles para un gobierno extranjero, lo que erosiona la autoridad legítima y el respeto por las instituciones democráticas. Fuentes internas de la Policía Nacional y la Guardia Civil han expresado su preocupación, señalando que “estamos usando sistemas no confiables para operaciones sensibles”.
El medio Euronews destacó recientemente que esta paradoja debilita la soberanía digital europea. La contratación de Huawei expone a España a riesgos de espionaje, contradiciendo la defensa de la privacidad y la seguridad nacional.
Además, el vínculo de exlíderes como José Luis Rodríguez Zapatero con Huawei, reportado por La Gaceta, sugiere influencias políticas que comprometen el tejido social. Esta decisión, alineada con políticas de gobiernos progresistas, refleja una peligrosa negligencia que prioriza intereses comerciales sobre la seguridad y los valores tradicionales, dejando a España vulnerable ante amenazas externas.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, la preocupación entre los ciudadanos y las instituciones crece, y se espera que la presión sobre el gobierno español aumente para revisar esta decisión y garantizar la seguridad nacional.
