El Tribunal Supremo ha revelado hallazgos inquietantes que conectan los pagos en efectivo del PSOE con presuntos sobornos en contratos públicos en el caso Koldo. Un informe de la Guardia Civil detalla entregas de dinero que refuerzan la hipótesis de una contabilidad paralela dentro del partido, con el objetivo de financiar sobresueldos y cubrir gastos de altos cargos.
La investigación ha puesto de relieve que los pagos en efectivo hacia José Luis Ábalos se intensificaron tras su nombramiento como ministro de Transportes, coincidiendo con el inicio de los supuestos amaños en la adjudicación de obras. Fuentes citadas por El Mundo confirman que este incremento de pagos está relacionado con el uso de “sobres de Ferraz”, lo que podría implicar un delito de financiamiento irregular.
El informe de la UCO distingue entre dos circuitos de pagos: uno oficial y otro no declarado, utilizado para cubrir gastos sin respaldo documental. Esta dinámica, que se habría llevado a cabo entre 2014 y 2023, ha sido calificada como sistemática.
El magistrado Leopoldo Puente ha solicitado al PSOE que proporcione información detallada sobre las retribuciones a Ábalos y Koldo durante este periodo, tras detectar indicios de fondos no declarados. Según fuentes del caso, el partido admitió haber manejado dinero que no figura en su contabilidad oficial.
La Guardia Civil ha documentado entregas directas de dinero a Ábalos que no fueron registradas por el partido, y que coinciden con los años en que presuntamente se habrían repartido comisiones ilegales. Las declaraciones de empresarios involucrados, como Víctor de Aldama y Carmen Pano, han sido fundamentales; Pano confirmó haber entregado 90,000 euros en efectivo en la sede de Ferraz.
El análisis de la UCO también revela un sistema interno de “cupos territoriales” dentro del PSOE, operativo desde 2018, para la distribución de beneficios de contratos amañados. Si se confirma que el dinero procedente de estas comisiones terminó en manos del partido, esto podría resultar en graves implicaciones legales.
El informe sugiere que el contenido del informe Cerdán apuntó a una posible financiación irregular del PSOE, utilizando códigos internos para referirse al partido. La investigación está en una fase crítica, y el Supremo considera que las coincidencias entre los pagos y los amaños son determinantes para avanzar.
Fuentes judiciales destacan que, aunque el informe de la UCO no emite juicios de valor, los datos son contundentes y deberán ser analizados junto a los testimonios y pruebas existentes. La situación se torna más compleja, con la posibilidad de que el PSOE enfrente responsabilidad penal directa, especialmente tras la reforma legal de 2012 que modificó el Código Penal en relación a estos delitos.
La conexión entre los sobres de dinero y los contratos amañados se convierte en el eje central de la investigación, lo que hace que este caso sea uno de los más seguidos en el ámbito político español. Estaremos atentos a las próximas actualizaciones que podrían surgir en este escándalo de gran magnitud.
