ACTUALIZACIÓN: El Senado ha dado un paso decisivo hacia la transparencia financiera, eliminando el uso de efectivo para dietas y desplazamientos, tras el escándalo de los sobres del PSOE que involucra a su exsecretario de Organización, José Luis Ábalos. Esta medida, aprobada recientemente, garantiza que todos los pagos se realicen a través de transferencias bancarias verificadas, en un intento por restaurar la confianza pública en el sistema político.
Las revelaciones sobre la entrega de 95,000 euros en sobres en la sede del PSOE, que no pueden ser precisadas por los investigadores, han llevado al Senado a modificar drásticamente sus procedimientos de pago. Según el nuevo acuerdo, ningún senador ni funcionario podrá recibir dinero en efectivo, incluyendo gastos urgentes, y todos los desembolsos se harán mediante transferencias directas a cuentas personales de los parlamentarios, con un certificado bancario que acredite su titularidad.
Este cambio de política incluye no solo las dietas de desplazamiento, sino también las nóminas mensuales, que previamente podían ser abonadas en cuentas colectivas de los grupos políticos. A partir de ahora, cada grupo parlamentario deberá tener una cuenta bancaria exclusiva y comunicar un NIF propio al Senado, asegurando que las subvenciones se manejen de forma independiente.
El objetivo de estas reformas, según fuentes oficiales, es garantizar la trazabilidad completa de los fondos públicos y aumentar el control del Tribunal de Cuentas sobre las operaciones parlamentarias, cerrando cualquier posible resquicio en la fiscalización económica. Aunque el Senado sostiene que sus pagos se han realizado “de forma completamente transparente”, la medida refuerza su compromiso con la legalidad y el escrutinio público.
Esta reforma llega en un momento crítico, ya que el Tribunal Supremo ha citado a declarar a dos empleados del PSOE, entre ellos el exgerente Mariano Moreno, para esclarecer los pagos en efectivo a Ábalos y su asistente. A pesar de que desde el PSOE se insista en que “no hay indicios de financiación ilegal”, la presión política y mediática ha llevado a otras instituciones a revisar sus prácticas para evitar cualquier sombra de opacidad.
La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha comentado que “pagar en metálico, siempre que esté dentro de los límites de la ley, es legal, pero lo que no lo es es pagar con dinero del que no puedes acreditar su origen”. Esta decisión del Senado no solo responde a un clamor por mayor transparencia, sino que también establece un precedente ético y administrativo para otras instituciones públicas, en un momento en que la confianza en la clase política enfrenta uno de sus mayores desafíos.
El plan de implementación de estas medidas debe estar en marcha dentro de un plazo de tres meses, con un sistema de doble verificación para optimizar la transferencia económica. Este esfuerzo refleja una respuesta contundente ante el escepticismo ciudadano y la creciente demanda de integridad en el manejo de los recursos públicos.
Con estas reformas, el Senado se alinea con las recomendaciones de organismos de control fiscal, buscando no solo modernizar la gestión financiera, sino también restaurar la fe del público en su funcionamiento. La situación actual subraya la importancia de una política clara y transparente, en un contexto donde la confianza social está en juego.
