El Parlamento de El Salvador ha aprobado una nueva prórroga del estado de excepción, que se extenderá desde el 3 de septiembre hasta el 2 de octubre, marcando la 42ª vez que se renueva esta medida que ha estado vigente desde marzo de 2022.
La decisión se tomó con 57 votos a favor del partido gobernante Nuevas Ideas, así como del Partido de Concertación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, y un voto en contra. Desde que se implementó, el estado de excepción ha permitido la detención de cerca de 90,000 personas acusadas de vínculos con pandillas, lo que ha sido calificado por el Gobierno de Nayib Bukele como un «logro sin precedentes».
En un comunicado reciente, las autoridades confirmaron que solo en agosto se han arrestado alrededor de 800 personas, sumando un total de más de 88,000 detenidos en más de tres años de aplicación de esta medida. Durante el estado de excepción, el Gobierno tiene la capacidad de suspender ciertas libertades y garantías, facilitando la presencia de militares y policías en las calles de los municipios con altas tasas de homicidio.
El manejo del estado de excepción ha generado un intenso debate entre los ciudadanos salvadoreños, quienes están divididos sobre su efectividad y el impacto en los derechos humanos. Mientras algunos apoyan las acciones del gobierno para combatir la violencia, otros expresan su preocupación por las violaciones a las libertades civiles.
Con la prórroga en vigor, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar con las medidas de seguridad, y muchos miran con atención cómo se desarrollarán los próximos días en un contexto ya tenso en el país. Se espera que en las próximas semanas, el Gobierno brinde más información sobre los resultados de las operaciones policiales y la situación de las detenciones.
El estado de excepción ha sido un tema candente en la política salvadoreña y se prevé que continúe generando discusiones tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en lo que respecta a la gestión de la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
