Latest developments: El juez que investiga una compleja trama de corrupción ha señalado al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como una figura clave, describiendo su papel como un «rol nuclear» en la manipulación de leyes en beneficio de empresas a cambio de dinero. Esta acusación surge en medio de un caso que involucra a 27 investigados por delitos graves, incluyendo cohecho y fraude, y que había estado bajo secreto hasta el 19 de junio.
Montoro, quien fue ministro bajo los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, ha enfrentado serias reclamaciones tras su reciente baja del Partido Popular, a medida que se revelan detalles de su supuesta implicación en actividades ilícitas. Según el juez, Montoro «abusó» de su poder al asegurar ganancias a su despacho, Equipo Económico, facilitando cambios legislativos que beneficiaban a sus clientes.
El juez también ha afirmado que Montoro designó a altos cargos del ministerio que estaban «estrechamente vinculados» a su equipo, lo que les permitió crear una red de influencias. Este esquema, según la investigación, generó un «enriquecimiento personal a costa de la función pública», al permitir que empresas de diversos sectores, desde el energético hasta la construcción, obtuvieran reformas favorables.
Los Mossos d’Esquadra han documentado pagos significativos a Equipo Económico, incluyendo 1,3 millones de euros de Red Eléctrica Española y 3,9 millones de euros de Abengoa. Estos pagos coinciden con cambios legislativos críticos que afectaron el sector, revelando un patrón de corrupción sistemática.
La investigación ahora se centra en cómo este equipo facilitó cambios normativos que permitieron ventajas fiscales para sus clientes, a expensas del erario público. Con la situación aún en desarrollo, los ciudadanos y las empresas afectadas están a la espera de las próximas acciones judiciales que podrían redefinir el panorama político y económico en España.
Este escándalo no solo pone en tela de juicio la integridad de las instituciones públicas, sino que también refleja una crisis de confianza en el sistema político, donde se cuestiona la ética de aquellos en el poder. La atención ahora se dirige a cómo procederán los tribunales y qué implicaciones tendrá este caso para el futuro político de Montoro y su legado en la administración pública.
