El Gobierno de Sánchez ha dado un paso histórico al nacionalizar a 240,000 descendientes de españoles exiliados tras la Guerra Civil Española, según lo declarado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Este anuncio se produce en el contexto de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que busca reparar injusticias históricas y otorgar derechos a quienes perdieron su nacionalidad por razones políticas.
Hasta la fecha, el Ejecutivo ha recibido un total de 876,321 solicitudes de nacionalización, de las cuales se han concedido 240,000, lo que representa aproximadamente el 27% del total. El ministro detalló que la cifra definitiva se conocerá el 31 de diciembre, coincidiendo con el cierre de la prórroga de la ley, que se extendió hasta el 21 de octubre de este año para atender todas las solicitudes.
La Ley de Memoria Democrática establece que tienen derecho a la nacionalidad los descendientes hasta la segunda generación de aquellos que perdieron o renunciaron a su nacionalidad por motivos políticos, ideológicos, de creencias o identidad sexual. También incluye a hijos nacidos fuera de España de mujeres que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la aprobación de la Constitución de 1978.
Este desarrollo no solo representa un avance en la política de reconocimiento de derechos en España, sino que también subraya la importancia de la memoria histórica en la construcción de una sociedad más inclusiva. La nacionalización de estos descendientes permite cerrar heridas del pasado y fortalecer los lazos con la diáspora española.
Mientras se espera el cierre de solicitudes, la atención se centra en cómo este proceso impactará a miles de familias que buscan reconectar con sus raíces. La recepción de la noticia ha generado un fuerte interés y debate en redes sociales, con muchas personas compartiendo historias familiares relacionadas con el exilio y la búsqueda de identidad.
El Gobierno ha enfatizado que este programa no es solo un acto administrativo, sino un reconocimiento a la lucha de generaciones pasadas y un paso hacia la reconciliación. La Ley de Memoria Democrática continúa siendo un tema candente en la política española, y su implementación seguirá siendo vigilada de cerca.
Con la expectativa de que más solicitudes sean aprobadas en los próximos meses, el impacto emocional y social de esta medida podría ser profundo, revitalizando la conexión entre España y aquellos que, por diversas circunstancias, se vieron obligados a dejar su tierra.
