El Congreso de los Diputados ha **aprobado la Ley de Movilidad Sostenible**, consolidando la **gratuidad del transporte público** en Lanzarote hasta el **31 de diciembre de 2026**. Esta decisión, tomada hoy, representa un gran avance en la movilidad sostenible de Canarias, asegurando que los ciudadanos no tengan que pagar por el transporte colectivo terrestre.
La **directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias**, **María Fernández**, celebró la aprobación, destacando que este es un **reconocimiento histórico** al derecho de los canarios a una movilidad accesible y sostenible. «La gratuidad del transporte público es una garantía legal que no puede depender de un código postal», enfatizó Fernández, subrayando el impacto positivo que esta medida tiene en las familias canarias.
La Ley establece que, antes del **31 de enero de 2026**, el Gobierno de Canarias deberá demostrar la implementación efectiva del **descuento del 100%** en abonos y billetes multiviaje. Esta disposición incluye compensaciones a las administraciones y empresas responsables del transporte, asegurando que la transición se realice sin problemas financieros.
Fernández también mencionó que la medida ha permitido a los canarios cambiar su manera de moverse, facilitando el acceso a **empleos**, **educación** y **atención sanitaria**. «Este avance no solo garantiza la continuidad de una política eficaz, sino que también promueve la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades en España», añadió.
Otras disposiciones relevantes aprobadas durante la sesión incluyeron la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el transporte marítimo, que fue respaldada por **155 votos a favor**. Además, se discutió la necesidad de financiación estatal para las infraestructuras ferroviarias en **Gran Canaria** y **Tenerife**, aunque esta medida no se modificó.
La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible marca un momento crucial para Lanzarote y Canarias, reafirmando que el transporte público gratuito es un derecho fundamental para todos los ciudadanos, no un privilegio. Con esta decisión, se espera que más personas utilicen el transporte público, aliviando la carga económica de las familias y contribuyendo a un entorno más sostenible.
