El Congreso de los Diputados ha decidido, en una votación este martes, eliminar «de los diputados» de su nombre oficial, un cambio polémico impulsado por el PSOE y sus aliados de investidura, que incluye a Sumar, Podemos, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG. Este movimiento ha generado una reacción inmediata, ya que letrados de la Cámara Baja advierten que esta modificación infringe la Constitución, que establece claramente que «las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado».
La medida, parte de un intento más amplio de reformar el reglamento del Congreso para incluir un lenguaje inclusivo, ha suscitado críticas contundentes. Juristas consultados afirman que cualquier cambio en el nombre del órgano legislativo requeriría una reforma constitucional, un proceso que podría llevar meses e incluso años. «El lenguaje inclusivo debe respetar los nombres de los órganos, no se puede inventar», señalan.
A pesar de las advertencias, la votación sigue adelante, y los grupos que apoyan al presidente Pedro Sánchez buscarán implementar un lenguaje que incluya tanto a «diputadas» como a «diputados». Sin embargo, fuentes legales indican que el Partido Popular tiene la opción de llevar esta reforma al Tribunal Constitucional, argumentando que, al ser un cambio de rango legal, puede ser recurrido.
Este cambio se produce en un contexto de creciente tensión sobre la regulación del trabajo de los medios de comunicación que cubren la actividad parlamentaria. Los expertos critican que el Congreso intenta regular aspectos que no son de su competencia, lo que podría dar lugar a conflictos legales. «El Reglamento no puede regular la libertad de información de manera diferente a cómo se hace fuera del Congreso», advierten.
La situación genera un ambiente de incertidumbre sobre cómo esta nueva denominación afectará a la labor diaria del Congreso. La implementación de estos cambios se observará de cerca, ya que se plantean dudas sobre su viabilidad y aceptación tanto dentro como fuera de la Cámara.
Este desarrollo es un claro ejemplo de la polarización actual en la política española, donde la búsqueda de un lenguaje más inclusivo choca con la necesidad de respetar las normas constitucionales existentes. La votación de hoy no solo marca un cambio en la nomenclatura del Congreso, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la legislación en un país donde el debate sobre la inclusión y los derechos de género sigue en el centro de la discusión pública.
