La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que ha desarticulado una red de fraude laboral y migratorio en Almería y Murcia, resultando en la detención de 45 personas acusadas de falsedad documental, estafa y delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Este operativo ha revelado un sistema sofisticado que ofrecía contratos falsos a inmigrantes irregulares a un precio que oscilaba entre 3.000 y 4.000 euros por individuo.
El centro de esta trama se localizaba en una pequeña explotación agrícola en Almería que, en realidad, no llevaba a cabo actividad alguna. Su propietario, un empresario de 55 años, había transformado la empresa en una máquina de generar contratos falsos, permitiendo a los inmigrantes obtener permisos de residencia y trabajo mediante altas fraudulentas a la Seguridad Social. En algunos casos, estos inmigrantes llegaron a cobrar prestaciones del SEPE y del INSS gracias a cotizaciones simuladas.
Origen de la investigación
La investigación comenzó en 2021, cuando la Oficina Única de Extranjeros detectó un número desproporcionado de solicitudes relacionadas con la empresa agrícola. Un año después, en Murcia, aparecieron certificados falsificados vinculados a la misma red, lo que llevó a una coordinación de las pesquisas entre las unidades de la UCRIF en ambas provincias.
En la operación realizada en Almería, se detuvo a 26 personas, incluido el empresario considerado cabecilla, así como varios intermediarios de origen marroquí y argelino. En Murcia, la Policía arrestó a otras 19 personas, entre ellas dos intermediarios y numerosos inmigrantes que presentaron contratos falsos. La empresa ya había sido declarada ficticia tras una inspección laboral, confirmando que su única finalidad era la venta de contratos falsos.
Desarrollo de la operación y consecuencias legales
Los investigadores lograron recabar declaraciones de víctimas, testigos y pruebas documentales, además de realizar reconocimientos fotográficos que permitieron identificar a todos los implicados. Las actuaciones policiales se llevaron a cabo entre mayo y julio de este año y culminaron con la puesta a disposición judicial de los detenidos en el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería y el número 1 de Murcia.
Algunos de los arrestados ya contaban con antecedentes por hechos similares, lo que indica la continuidad de estas prácticas fraudulentas en el tiempo. Las diligencias siguen abiertas en busca de otros posibles implicados en un fraude que, según la Policía, habría operado de manera sistemática durante varios años, afectando a numerosos inmigrantes en busca de una oportunidad en España.
