Desarrollo urgente: La crisis de efluentes en Los Corralitos, Guaymallén, ha alcanzado niveles alarmantes, afectando la salud pública y la producción agrícola local. Desde junio de 2025, el colapso del sistema cloacal ha provocado la descarga de aguas residuales sin tratamiento en el canal Pescara, contaminando aproximadamente 490 hectáreas de tierras agrícolas y poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la zona.
Las autoridades de Aguas Mendocinas (AySAM) y el Departamento General de Irrigación (DGI) han estado en el centro de esta crisis, que se ha prolongado durante más de cuatro meses. Aunque se anunciaron medidas de emergencia, como la Resolución 617/25 que declaró el fin de la contingencia ambiental, los vertidos de aguas contaminadas continúan, lo que ha generado un aumento en los casos de contaminación bacteriológica, incluyendo Escherichia coli, en los canales de riego.
La situación se agravó tras la ruptura de un colector cloacal principal que liberó un flujo constante de aguas negras hacia el canal Pescara, lo que obligó a AySAM a solicitar una autorización excepcional para realizar un volcamiento controlado. La falta de infraestructura adecuada y el mantenimiento insuficiente han sido identificados como factores clave en el colapso del sistema, evidenciando la negligencia institucional y la falta de inversión en el sector.
Organizaciones socioambientales han denunciado incumplimientos en la supervisión y el control de los efluentes, mientras que los productores de Lavalle sufren las consecuencias con restricciones en el uso de agua para cultivos. Este desastre ambiental no solo ha impactado la economía local, sino que también ha generado una creciente preocupación entre los residentes, quienes enfrentan olores nauseabundos y la pérdida de valor de sus propiedades.
La crisis de Los Corralitos pone de manifiesto las desigualdades estructurales en el acceso al agua y el saneamiento, reflejando un modelo de urbanización que prioriza la valorización inmobiliaria sobre la justicia hídrica. Los habitantes de esta región exigen soluciones definitivas y un cambio en la gestión del agua, que reconozca su valor como bien común y derecho colectivo.
Con la situación aún en desarrollo, la comunidad espera acciones concretas de las autoridades para mitigar el impacto ambiental y restablecer el acceso seguro al agua. Las próximas semanas serán críticas para determinar el futuro de Los Corralitos y el bienestar de sus residentes.
