La crisis migratoria se intensifica a medida que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) se alzan en contra del nuevo decreto que regula la acogida de menores migrantes. Desde Madrid, el consejero Jorge Rodrigo anunció que su gobierno recurrirá ante la Justicia el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, el cual establece la distribución de aproximadamente 3,000 niños que han estado bajo la tutela del Gobierno de Canarias.
Este decreto, que se implementará mañana, 28 de enero, ha sido criticado por las autonomías del PP, que lo consideran una «imposición» y una «deslealtad» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las regiones como Madrid y Baleares han liderado la resistencia, buscando frenar los traslados de los menores migrantes a la Península y a las Islas Baleares, donde el Gobierno de Marga Prohens también ha solicitado medidas cautelares.
La comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, argumenta que el decreto «rompe la igualdad» entre comunidades, señalando la exclusión de Cataluña y País Vasco de la distribución de los menores, un punto que ha generado un unánime rechazo entre los gobiernos regionales del PP. Las reacciones no se han hecho esperar, con la comunidad de Castilla y León sumándose a la crítica y anunciando su intención de recurrir el decreto.
En Murcia, el presidente Fernando López Miras también ha manifestado su oposición, calificando el sistema de distribución como «desigual y discriminatorio». La Xunta de Galicia ha exigido que el Gobierno central asuma su responsabilidad en la tutela de los menores antes de imponer cupos a las comunidades. Mientras, el Gobierno de Valencia ha anunciado que solicitará la suspensión cautelar del reparto.
Ante esta situación, el Consejo de Mallorca y el Govern balear están considerando habilitar un recinto de acogida en la localidad de Son Tous, ya que se prevé que solo 49 muchachos deberán ser acogidos en Baleares. Las comunidades del PP continúan unidas en su rechazo, lo que subraya la creciente tensión política en torno a la gestión de la migración en España.
Este conflicto no solo pone de relieve las divisiones políticas en el país, sino que también tiene un impacto humano significativo, ya que los menores migrantes se encuentran en una situación vulnerable. Se espera que las acciones legales y políticas continúen en las próximas horas, generando un ambiente de incertidumbre en torno al futuro de estos jóvenes. Las comunidades del PP han dejado claro que no se quedarán de brazos cruzados ante lo que consideran una «injusticia» hacia sus regiones.
