NUEVAS INFORMACIONES CONFIRMAN: Las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) se preparan para una manifestación unida el próximo lunes durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este encuentro se dará un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto, crucial para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, aún no presentados esta legislatura.
Desde hace semanas, los consejeros del PP han dejado claro que no aceptarán la quita de deuda de casi 90,000 millones de euros que propone el Gobierno de Pedro Sánchez, y que generó un fuerte rechazo en la última reunión de febrero. Las comunidades volverán a manifestar su oposición al cupo catalán, un sistema que, afirman, perjudica a España y que solo busca satisfacer a los aliados del presidente Sánchez.
Las comunidades también expresan su descontento por la tardanza de la convocatoria, que debería haberse realizado en abril, según lo estipulado por la ley orgánica de estabilidad. La reunión se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno central y las regiones, donde las baronías del PP, que controlan comunidades clave como Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, critican la falta de acción del Ejecutivo.
El lunes, además, se debatirá en el Parlamento gallego la senda de estabilidad, un mes después de que la Xunta aprobara sus Presupuestos para 2026. Los líderes autonómicos del PP están decididos a mantener un frente común, como se evidenció en las conferencias de presidentes del año pasado, donde exigieron una actualización del sistema de financiación autonómica, que no ha cambiado desde 2014.
La ministra Montero, quien también es vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE en Andalucía, presentará su propuesta para el reparto del déficit entre administraciones, que será un tema candente en la reunión. Sin embargo, las comunidades del PP están cada vez más frustradas con la lentitud del Gobierno en abordar cuestiones críticas como la dependencia, el envejecimiento poblacional y la dispersión geográfica.
Las tensiones se intensifican en otras comunidades, como Aragón, donde no hay cuentas aprobadas, y en Extremadura, donde la presidenta María Guardiola ha decidido adelantar elecciones para el 21 de diciembre. Esta situación destaca la fragmentación política y la urgencia de un diálogo efectivo entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
Los presidentes autonómicos del PP están decididos a dejar claro que «lo que afecta a todos se negocia entre todos», reafirmando la necesidad de igualdad y solidaridad en el trato entre comunidades. Un objetivo que se espera discutir en la próxima conferencia de presidentes que se llevará a cabo antes de finalizar el año en Asturias.
Con esta reunión del lunes, el foco de atención estará en cómo las comunidades del PP continuarán su lucha contra el cupo catalán y la propuesta de deuda, mientras se preparan para un año electoral crucial. La presión sobre el Gobierno de Sánchez aumenta, y la expectativa es que la unidad del PP se mantenga firme en su oposición.
