Desarrollo urgente: El Gobierno de Baleares ha anunciado su intención de frenar el traslado de dos menores migrantes desde Canarias, tras la propuesta del Gobierno central bajo el decreto 2/2025. Esta decisión se produce en un momento crítico, ya que se prevé un aumento en la llegada de migrantes en octubre.
El vicepresidente del Govern, Costa, ha declarado que en los próximos diez días presentarán alegaciones y, si no obtienen una respuesta favorable de Madrid, recurrirán a la vía judicial. “No escatimaremos esfuerzos”, enfatizó Costa, reflejando la urgencia de la situación y la presión que soportan los consells insulares.
18 menores llegaron en la última semana, lo que agrava la crisis en el sistema de protección. Costa ha criticado la falta de información del Gobierno central, señalando que no se conocen los detalles del traslado ni cómo se llevará a cabo. “Es incomprensible e inaceptable”, añadió, destacando que la situación es “inaudita”.
La Abogacía de la Comunidad Autónoma ha sido autorizada para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 743/2025, que asigna a Baleares una capacidad de 406 menores no acompañados. El Govern argumenta que esta regulación ha sido adoptada sin justificación clara, lo que perjudica a la comunidad.
El secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, ha respondido a la consellera de Familias, Sandra Fernández, quien ha solicitado una reunión el próximo 6 de octubre para discutir la situación del archipiélago. La presión sobre el sistema de protección es evidente, y la falta de recursos para acoger a estos menores es alarmante.
Este nuevo recurso se suma a otros previamente aceptados, lo que refleja la creciente tensión entre Baleares y el Gobierno central sobre la gestión de la migración. La comunidad se siente abandonada en un momento crítico y está dispuesta a luchar por sus derechos.
Las autoridades insulares aseguran que utilizarán todas las vías legales para defender los intereses de Baleares y exponer la situación dramática que enfrentan. La comunidad espera que su voz sea escuchada y que la situación se maneje con la urgencia que merece.
