Últimas noticias: El Gobierno andaluz, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla, ha cerrado la puerta a la acogida de 677 menores migrantes enviados desde Canarias, Ceuta y Melilla, a pesar de que la presión migratoria en la región ha disminuido a un 5,4% del total nacional. Este anuncio surge tras un decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que establece la distribución de menores entre comunidades autónomas, lo que ha llevado a Moreno Bonilla a activar su equipo jurídico para explorar opciones de recurrir la medida.
La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha criticado el decreto por considerarlo una imposición carente de diálogo y transparencia. A pesar de la baja presión migratoria en Andalucía, que se ha reducido a la mitad en los últimos años, el Gobierno andaluz argumenta que el sistema de acogida ya está colapsado y no puede asumir más menores migrantes.
Desde principios de 2025, Andalucía ha recibido solo 608 inmigrantes, una cifra que refleja una disminución significativa en comparación con el mismo periodo del año anterior. En 2024, llegaron 1,164 personas en 70 embarcaciones. La actual acogida de 1,372 menores migrantes menos de los que le corresponden agrava aún más la situación, según informes oficiales.
El decreto que obliga a Andalucía a recibir a estos menores ha generado un fuerte rechazo en la comunidad autónoma, que se siente injustamente tratada en comparación con el País Vasco, que se beneficia de un «efecto frontera» reconocido oficialmente. Este conflicto pone de manifiesto la creciente tensión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la gestión de la migración.
La situación actual resalta no solo las diferencias en la presión migratoria entre comunidades, sino también el dilema humano que enfrentan los menores migrantes, quienes requieren atención y recursos que, según los funcionarios andaluces, no están disponibles. Mientras la crisis migratoria continúa evolucionando, Andalucía se encuentra en una encrucijada sobre cómo abordar la llegada de estos menores, así como las implicaciones que esto tendrá en su sistema de protección.
A medida que se desarrollan estos eventos, la atención se centrará en cómo el Gobierno andaluz responderá a la imposición del Gobierno de España y qué medidas tomará para proteger a los menores que ya están en su sistema. Las próximas decisiones serán cruciales para determinar el futuro de la acogida de menores migrantes en la región.
