Desarrollo urgente: Alía y Casar de Cáceres han salido al paso para defender su millonaria deuda pública, que han atribuido a la construcción de residencias de mayores, en medio de crecientes críticas por parte de los vecinos. A finales de 2024, la provincia de Cáceres contaba con 43 municipios en la lista de deudores, aunque la deuda provincial se redujo en 17 millones de euros en comparación con 2023.
La capital ha logrado eliminar su deuda tras pagar 13 millones de euros hace un año, pero otros municipios como Alía y Casar de Cáceres están respondiendo a la presión pública con explicaciones sobre sus finanzas. En un ejercicio de transparencia, los responsables de Alía han aclarado que la cantidad adeudada se debe a un financiamiento destinado a la construcción de una residencia de mayores, asegurando que no se trata de pagos a proveedores ni de deudas con trabajadores.
La residencia, que ofrece 68 plazas de residentes y 24 puestos de trabajo estables, es presentada por las autoridades locales como una inversión para el bienestar de la comunidad. «Es una operación con entidades financieras, completamente transparente y publicada en la web del ministerio», afirmaron. Desde 2011, el patrimonio municipal ha crecido de 900,000 euros a 10 millones de euros debido a una «gestión responsable».
Por su parte, Casar de Cáceres también ha aclarado el origen de su deuda, que proviene de un préstamo de 2 millones de euros solicitado por el anterior gobierno socialista para financiar las obras de su residencia de mayores, que representa una inversión total de 4,5 millones de euros. Sin embargo, este crédito fue tramitado sin el informe favorable del Ministerio de Hacienda, lo que ha generado una carga financiera que actualmente afecta al presupuesto municipal.
Las autoridades de Casar de Cáceres subrayan que están tomando medidas para cumplir con las obligaciones financieras heredadas y asegurar la viabilidad económica del municipio. La situación ha generado un intenso debate entre los ciudadanos, quienes demandan claridad y responsabilidad en la gestión de los fondos públicos.
La respuesta de ambos municipios resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, mientras los residentes continúan pidiendo un mayor control sobre las decisiones que afectan su futuro. La situación se mantiene en desarrollo, y se espera que surjan más detalles en las próximas semanas sobre cómo estos municipios manejarán sus deudas y qué implicaciones tendrá esto para los servicios públicos locales.
