El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, condenado a prisión
En un giro impactante, Gerardo Seoane, alcalde socialista de Verín, ha sido condenado a dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Orense emitida el 24 de septiembre de 2025.
La sentencia, que ha sorprendido a la comunidad, también inhabilita a Seoane para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de su condena y le prohíbe participar en actividades de promoción de obras durante un año. Además, deberá pagar una multa que asciende a 14 meses a razón de 6 euros diarios, según reporta el Diario do Tâmega.
Detalles del caso y las implicaciones
La condena se origina de la ejecución de obras en la Iglesia de San Bartolomé en 2019, las cuales se realizaron sin la autorización de la Consejería de Cultura y sin la licencia municipal necesaria, a pesar de que el edificio está catalogado en el PXOM y en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia.
A pesar de la gravedad de la situación, el tribunal absolvió a Seoane del delito de prevaricación administrativa, lo que ha generado diversas reacciones en la opinión pública y en el ámbito político de Galicia. Este fallo plantea importantes interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos y la responsabilidad de los líderes locales en la preservación del patrimonio cultural.
Impacto en la comunidad y próximos pasos
La condena de Seoane podría tener un efecto significativo en la política local, especialmente en un momento en que la comunidad busca transparencia y responsabilidad en la gestión pública. Los ciudadanos de Verín están a la expectativa de cómo esta decisión afectará los futuros proyectos y la confianza en sus líderes.
Con la sentencia dictada, se espera que el alcalde recurra la decisión, lo que podría extender el proceso legal y mantener la atención mediática sobre este caso. Mientras tanto, la comunidad mira hacia adelante en busca de estabilidad y liderazgo en un momento de incertidumbre.
Este desarrollo es un claro recordatorio de la importancia de la legalidad en la gestión pública y la necesidad de que los funcionarios actúen siempre dentro del marco de la ley.
