El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif retiró piezas del escenario del trágico accidente ferroviario de Adamuz, que tuvo lugar el 18 de enero, antes de que finalizara la inspección ocular de la Guardia Civil y sin autorización judicial, según informa El Mundo. Este siniestro, que dejó 46 fallecidos, se considera el más grave desde la liberalización de la alta velocidad en España.
El accidente ocurrió a las 19:48 horas cuando el tren Iryo 6189, que se dirigía a Madrid, descarriló, invadiendo la vía contraria. En ese momento, un convoy Alvia de Renfe, que viajaba hacia Sevilla, colisionó con el tren descarrilado, causando la mayoría de las víctimas mortales entre los pasajeros del Alvia.
La retirada de las piezas sucedió en las horas siguientes al accidente mientras los servicios de emergencia atendían a los heridos. En ese instante, se encontraban en la zona técnicos de Adif, Renfe, Iryo y de los fabricantes de los trenes implicados. La investigación inicial avanzaba en paralelo al rescate de las víctimas.
Durante esta fase de inspección ocular y recolección de muestras, el personal de Adif retiró ciertas piezas de los trenes accidentados y las trasladó a otro lugar. Al no contar con una autorización judicial expresa para realizar esa acción, los investigadores solicitaron explicaciones sobre el paradero de dicho material. Posteriormente, las piezas fueron localizadas y devueltas al lugar del siniestro para que se continuaran las diligencias necesarias.
Este hecho fue comunicado a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, que está a cargo de la investigación judicial. La actuación generó la necesidad de reforzar la coordinación entre el juzgado y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que es la entidad responsable de determinar las causas técnicas del accidente y formular recomendaciones de seguridad.
En cuanto a las hipótesis sobre la causa del descarrilamiento, la principal sugiere que la rotura del carril derecho por donde circulaba el tren de Iryo fue el desencadenante del accidente, lo que provocó que invadiera la vía opuesta. Según datos del Ministerio de Transportes, el tramo afectado combinaba material instalado en 2023 con otro de más de 30 años de antigüedad mediante una soldadura que había sido analizada con ultrasonidos cuatro meses antes del siniestro.
Para esclarecer las razones detrás de la fractura del carril, la CIAF ha cortado muestras que han sido custodiadas y enviadas a un laboratorio privado tras obtener la correspondiente autorización judicial. Además, se han extraído las cajas negras de los trenes involucrados, aunque los investigadores creen que el análisis metalúrgico del carril será crucial para esclarecer las causas finales del accidente.
La retirada inicial de material sin la autorización adecuada ha introducido un nuevo elemento de tensión en la investigación, dado que la preservación íntegra del escenario es fundamental en estos procedimientos. Fuentes jurídicas destacan que cualquier alteración del lugar de los hechos, incluso si es por razones técnicas, debe contar con la aprobación del juzgado instructor para asegurar la cadena de custodia y la validez probatoria.
El accidente de Adamuz ha suscitado un intenso debate sobre los protocolos de actuación tras grandes siniestros ferroviarios y la clarificación de competencias entre el gestor de infraestructuras, las operadoras y la autoridad judicial. Mientras se llevan a cabo los análisis periciales, las familias de las víctimas exigen transparencia y asunción de responsabilidades en un caso que ha conmocionado a la sociedad española.
