La Audiencia de Bizkaia ha absuelto a una enfermera acusada de simular la vacunación de 404 menores en el centro de salud de Kabiezes, dejando a muchos expuestos a enfermedades graves. La decisión, anunciada recientemente, se basa en la conclusión de que la acusada padecía un trastorno mental que afectaba su capacidad para actuar con normalidad, lo que le otorgó una eximente completa de alteración psiquiátrica.
Durante el juicio, que tuvo lugar en septiembre de 2025, se demostró que la enfermera no inoculó las vacunas de la triple vírica, varicela y tetanos a, al menos, 38 menores, a pesar de registrar falsamente estas acciones en los historiales clínicos. Las pruebas de anticuerpos realizadas posteriormente confirmaron que estos niños no estaban inmunizados, lo que generó un grave problema de salud pública.
El tribunal impuso a la enfermera un tratamiento psiquiátrico externo de siete años y una inhabilitación para ejercer en cualquier profesión sanitaria durante el mismo periodo. Además, se le ordenó indemnizar a Osakidetza con 20,000 euros por el costo de volver a vacunar a los menores afectados. La situación ha suscitado una preocupación significativa en la comunidad sobre la responsabilidad de los empleados públicos en la administración de vacunas.
La Audiencia ha decidido además remitir una exposición razonada al ministro de Justicia, sugiriendo que la conducta de la enfermera, que incumplió su deber de vacunar a menores, debería ser tipificada como delito en el Código Penal. Esto se debe a que su acción podría haber puesto en riesgo la salud de un número elevado de niños, generando un problema serio para la salud pública.
Esta decisión judicial ha desatado un amplio debate sobre la necesidad de regular conductas de este tipo y garantizar que los empleados públicos cumplan con sus obligaciones sanitarias. La comunidad espera que se tomen medidas que prevengan que situaciones similares se repitan en el futuro.
Los padres de los menores afectados han expresado su alarma y frustración, señalando que la rapidez con que la enfermera administraba las supuestas vacunas les parecía extraña. La ausencia de efectos secundarios también ha sido un indicador de que algo no estaba bien, y ahora se enfrentan a la realidad de que sus hijos podrían no estar protegidos contra enfermedades que pueden tener consecuencias graves.
La Audiencia de Bizkaia ha actuado en un momento crítico, y la situación sigue desarrollándose mientras se espera una respuesta del Ministerio de Justicia sobre la regulación de este tipo de conductas en el ámbito de la salud pública.
