Los trabajadores de las ludotecas municipales de Melilla han denunciado que llevan hasta dos meses sin recibir sus salarios, una situación que afecta a decenas de empleados, algunos de los cuales arrastran impagos desde finales de 2024. Ante esta situación, la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha atribuido el problema a la gestión del anterior Gobierno, culpando a su administración por haber dejado caducar el contrato del servicio sin una alternativa preparada para su renovación.
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Reorganización del servicio y problemas persistentes
En declaraciones recientes, Mohamed ha defendido que su departamento se encontró con un único contrato vencido y que ha tenido que dividirlo en 32 nuevos lotes para poder sacar el servicio a licitación. “Nos hemos visto obligados, donde había un solo contrato, a sacar 32”, explicó. La consejera aseguró que esta reorganización busca mantener la continuidad laboral del personal afectado. “No pedimos gratitud por parte de ellos, porque entendemos de todas formas la situación que están viviendo, que es muy complicada, muy límite”, añadió.
El comunicado difundido por los trabajadores el pasado 24 de julio de 2024 revela que la falta de pago les ha dejado en una situación de precariedad económica grave. Alquileres sin pagar, hipotecas en riesgo de impago y facturas acumuladas son algunas de las consecuencias directas que describen. “Trabajamos sin cobrar, y nadie da la cara”, afirman, mencionando también la falta de respuesta institucional.
Críticas a la empresa responsable
Uno de los puntos más señalados es la continuidad de Alvalop —anteriormente llamada Prosem— como empresa responsable del servicio. Los trabajadores recuerdan que esta entidad ya ha protagonizado episodios de impagos en otros territorios y consideran que la administración debió haberlo tenido en cuenta. “Cambiaron de nombre, pero no de prácticas”, denuncian, criticando además la supuesta falta de control por parte de la Consejería.
Mohamed aseguró que su departamento ha iniciado los trámites para imponer penalizaciones a la empresa por cada uno de los ocho lotes actuales de ludotecas. “Es un trámite que lleva tiempo. Hasta que no se resuelva, no se puede resolver el contrato”, explicó. Aun así, reconoció que “lo que está haciendo la empresa es brutal con ellos”, refiriéndose al trato a los trabajadores, y aseguró que la Consejería está utilizando todas las herramientas legales para abordar el problema.
Algunos trabajadores, como los de la ludoteca de Cañada de Hidum, ya han pasado a estar contratados por otra empresa que sí paga con regularidad. Sin embargo, las deudas generadas durante los meses que estuvieron bajo la gestión de Alvalop siguen sin saldarse. Esta situación se suma a las denuncias previas de condiciones insostenibles, ya manifestadas en noviembre de 2024.
Randa Mohamed también explicó que ha mantenido reuniones con coordinadores de las ludotecas para informarles sobre las gestiones en curso. “Les trasladamos lo mismo: que entendemos la situación, que sentimos mucho la situación porque es grave y límite, y que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos de forma legal”, dijo.
El conflicto no es exclusivo de las ludotecas. En el comunicado, los trabajadores señalan que otros servicios sociales bajo la misma consejería, como el centro de menores La Purísima —gestionado por Tragsa— y el Gámez Morón —operado por Salzillo— también atraviesan problemas similares. Los firmantes interpretan esta situación como una muestra de una crisis más amplia en el modelo de gestión de los servicios públicos externalizados.
Más allá del pago inmediato de los salarios, los empleados reclaman que se rescinda el contrato con Alvalop y se depuren responsabilidades políticas. Advierten de que no aceptarán más demoras y que su trabajo diario, centrado en la atención a niños y familias, merece respeto y estabilidad laboral. Desde la administración, por el momento, se insiste en que la vía legal es la única opción posible, aunque no inmediata.
