Las costas españolas presentan un panorama desolador en cuanto a la ocupación de viviendas, con datos que revelan que en localidades como Torrevieja (Alicante) hay más casas vacías que personas residiendo durante todo el año. De los 122.000 inmuebles existentes en la ciudad, solo 36.000 están categorizados como residencia habitual, ya sea en propiedad o en alquiler. La situación se repite en otros municipios, como Noja (Cantabria), donde solo uno de cada diez hogares está ocupado permanentemente.
La desproporción en la ocupación se hace evidente en lugares como Oropesa del Mar y Peñíscola (Castellón), donde el 80% de las viviendas son segundas residencias o apartamentos turísticos. Este fenómeno se extiende a otras localidades costeras como Benicàssim, Santa Pola, Chipiona, Salou, Punta Umbría (Huelva), Andratx (Baleares) y Llanes (Asturias), donde entre el 50% y el 90% de las casas están vacías durante la mayor parte del año.
Un análisis detallado de la ocupación residencial
El Consejo General de Economistas ha actualizado sus fichas socioeconómicas con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), revelando que la mayor parte de las viviendas no principales incluye un amplio espectro de posibilidades, desde segundas residencias hasta viviendas abandonadas. Este análisis se ha centrado en 462 localidades con más de 10.000 inmuebles para evitar sesgos que podrían surgir de las pequeñas poblaciones de la España vaciada.
De estas localidades, 62 (el 14%) presentan una proporción mayor de viviendas no principales que de residencia habitual. A excepción de contadas excepciones como Jaca (Huesca), que se beneficia del turismo de montaña, la mayoría de estos municipios se encuentran en zonas costeras. En muchos casos, el porcentaje de viviendas no principales supera el 70%, lo que plantea serias cuestiones sobre la sostenibilidad de estos destinos a largo plazo.
Impactos sociales y económicos del fenómeno
La situación ha generado un fenómeno de «despersonalización» en la relación comunitaria, según el investigador Iván Auciello, quien destaca que la llegada masiva de visitantes en verano puede causar externalidades negativas como el ruido y la ruptura de la cohesión barrial. Esta intermitencia en la ocupación contribuye a crear entornos fragmentados, donde los residentes permanentes se sienten aislados y desconectados de los nuevos pobladores estacionales.
El impacto se siente también en la infraestructura pública. Servicios como la recogida de residuos, el transporte o la atención sanitaria están diseñados para una población fija, lo que provoca una sobrecarga en temporada alta. Como señala Zaida Muxí, arquitecta y urbanista, cuando la población fluctúa de manera drástica, los servicios no logran mantenerse al día, generando tensiones que afectan a la calidad de vida.
La situación no es sencilla para los ayuntamientos, que deben ajustar sus políticas y recursos para hacer frente a la llegada masiva de turistas. Por ejemplo, en Peñíscola, donde la población censada es de unos 9.000 habitantes, en verano se estima que llegan alrededor de 80.000 personas más, lo que implica un esfuerzo logístico considerable en servicios básicos como la recogida de basura.
La presión que ejerce el turismo también se traduce en un aumento de los precios inmobiliarios, lo que ha llevado a muchos residentes locales a verse obligados a abandonar sus hogares en busca de opciones más asequibles. A pesar de las molestias, muchos vecinos reconocen que su economía depende significativamente del turismo, lo que complica la situación.
Este fenómeno no solo se limita a las zonas costeras; también se presenta en áreas rurales donde el abandono y el envejecimiento de la población han dejado muchas casas vacías. En localidades de la denominada España vaciada, como algunas partes de Soria o Guadalajara, se observan tasas de viviendas no principales que superan el 90%.
La complejidad de la situación hace necesaria una reevaluación del sistema de financiación local, tal como sugiere Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La ley permite cierta financiación adicional para municipios turísticos, pero muchas veces resulta insuficiente para cubrir los costos de las demandas estacionales. Mientras tanto, los municipios deben encontrar formas de adaptarse a esta realidad cambiante, donde el equilibrio entre turismo y vida comunitaria se vuelve cada vez más frágil.
