El Tribunal de Cuentas ha hecho un severo llamamiento al Gobierno de Melilla para que refuerce de manera urgente sus mecanismos de control presupuestario. Esto se desprende del informe de fiscalización correspondiente a la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de 2021, un ejercicio que estuvo bajo la gestión de Coalición por Melilla (CpM) y el PSOE, y que fue aprobado en junio por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
El documento, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado, señala que la administración melillense incurrió en modificaciones presupuestarias “demasiado recurrentes” y, en múltiples casos, sin la justificación adecuada que exige la normativa. En concreto, se tramitaron tres créditos extraordinarios y dos suplementos por un total de 11 millones de euros sin acreditar el carácter específico y determinado del gasto ni la imposibilidad de posponerlo al ejercicio siguiente.
Inconsistencias y recomendaciones del Tribunal
Además, al finalizar el año 2021, quedaron sin ejecutar 8 millones de euros y el resultado presupuestario estaba sobrevalorado en 7 millones de euros. El remanente de tesorería, cifrado en 139 millones de euros, también presentaba una sobrevaloración de 4 millones de euros, lo que, según el Tribunal de Cuentas, distorsiona la visión real de la situación financiera a corto plazo de la Administración General.
Otro de los puntos críticos mencionados en el informe es la falta de un inventario completo, actualizado e informatizado que esté conectado con el sistema contable. Esta carencia impide el control individualizado de los bienes del inmovilizado y dificulta la evaluación de la amortización por depreciación de los activos durante el ejercicio.
El Tribunal reconoce que la Cuenta General de 2021 refleja fielmente la situación económica, financiera y patrimonial de la Ciudad Autónoma, aunque con salvedades relevantes, como las limitaciones relativas al inmovilizado y la falta de información que impide emitir opinión sobre una sociedad pública.
Necesidad de mejorar la transparencia y la gestión financiera
Entre las recomendaciones, la Comisión Mixta insta a la Ciudad Autónoma a mejorar su técnica presupuestaria, limitar el uso excesivo de modificaciones de crédito y asegurar la disponibilidad de las fuentes de financiación antes de iniciar el gasto. Asimismo, se le recuerda la importancia de separar las funciones de contabilidad y control de la gestión económico-financiera, revisar los procedimientos de tramitación de facturas y certificaciones de obras para acortar los plazos de pago y convocar las plazas vacantes de funcionarios de habilitación nacional.
El informe cifra en 477 millones de euros el presupuesto consolidado gestionado por el sector público de la Ciudad Autónoma en 2021, con un gasto consolidado de 289 millones de euros. En ese momento, el Ejecutivo estaba presidido por Eduardo de Castro, quien fue expulsado de Ciudadanos, y estaba mayoritariamente conformado por CpM y PSOE, fuerzas que actualmente se encuentran en la oposición.
La Comisión también resalta la necesidad de que Melilla reconozca la importancia de las aportaciones de los fondos vinculados a los mecanismos de compensación y solidaridad interterritorial, dada la insuficiencia de recursos propios tanto en Melilla como en Ceuta, para garantizar así la sostenibilidad de los servicios públicos sin aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes.
Finalmente, el órgano parlamentario advierte que todavía están pendientes de cumplimiento cinco recomendaciones previas del Tribunal de Cuentas, que incluyen medidas para reforzar la transparencia, mejorar la exactitud de la información contable y asegurar que los presupuestos reflejen de manera más precisa la realidad financiera de la ciudad. La Comisión Mixta ha instado al Gobierno a eliminar “todo gasto ideológico para reducir los niveles de deuda pública y el endeudamiento de las administraciones regionales, garantizando la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales” sin incrementar la carga tributaria a los ciudadanos.