La Comisión Europea ha confirmado este viernes que continúa con el expediente sancionador abierto contra España, a pesar del fracaso de la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el Banco Sabadell. En una rueda de prensa, el portavoz comunitario para Servicios Financieros, Olof Gill, ha señalado que Bruselas no comenta sobre «operaciones de mercado» para no emitir juicios sobre este tipo de situaciones.
Gill ha indicado que el procedimiento de infracción, que se inició en julio de 2023, sigue adelante porque la legislación española otorga al Gobierno poderes discrecionales que, según la Comisión, infringen la normativa comunitaria. Esto no se relaciona directamente con el caso del BBVA y el Sabadell, sino que se centra en la ley en general.
Contexto de la investigación
El portavoz ha resumido que el procedimiento de infracción fue activado por la Comisión al considerar que ciertas disposiciones de la legislación española «infringen el Derecho comunitario», afectando así a las competencias exclusivas del Banco Central Europeo. Aunque Bruselas no se pronuncia sobre casos individuales de consolidación bancaria, ha subrayado que cree que dicha consolidación puede mejorar la eficiencia del sector y beneficiar a la economía europea en su conjunto.
La situación ha tenido un impacto notable en el mercado, con una caída del 6,4% en las acciones del Banco Sabadell, mientras que el BBVA registró un aumento del 7% tras el anuncio del fracaso de la opa. Este desenlace ha generado especulaciones sobre quién se mostró más sorprendido, si el presidente del Sabadell, Jordi Gual, o el de BBVA, Carlos Torres.
Reacciones y futuro del expediente
El pasado mes de julio, los servicios comunitarios enviaron una carta a las autoridades españolas expresando sus dudas sobre la transposición de dos normas europeas que, según Bruselas, requieren cambios profundos. La intervención del Gobierno en la opa también fue cuestionada, sugiriendo que pudo ir más allá del interés general.
Si las inquietudes planteadas no se resuelven, el procedimiento podría culminar en una instancia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este escenario destaca la importancia de la armonización de las legislaciones nacionales con el marco comunitario, así como la necesidad de evitar intervenciones que puedan perturbar el libre mercado europeo.
