La Comisión Europea ha confirmado este viernes que continuará con el expediente sancionador abierto contra España, a pesar del reciente fracaso de la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el Banco Sabadell. Según el portavoz comunitario para Servicios Financieros, Olof Gill, la decisión de Bruselas se basa en la legislación española que otorga poderes discrecionales al Gobierno, lo que podría estar en conflicto con la normativa comunitaria.
Durante una rueda de prensa, Gill subrayó que la Comisión no comenta sobre «operaciones de mercado», reafirmando que su enfoque se centra en las leyes en lugar de casos específicos. Este enfoque es parte del procedimiento iniciado en julio, cuando se alertó a las autoridades españolas sobre las dudas de Bruselas respecto a la transposición de dos normas europeas que requieren cambios significativos.
Legislación española y su impacto en el mercado
El portavoz de la Comisión indicó que el expediente sigue en marcha al considerar que ciertas disposiciones de la legislación española infringen el derecho comunitario. Esto afecta a las competencias exclusivas del Banco Central Europeo, lo que podría tener repercusiones sobre la consolidación bancaria en Europa.
A pesar del rechazo de la opa, donde el BBVA experimentó un incremento del 7% en sus acciones y el Banco Sabadell una caída del 6,4%, la Comisión mantiene su postura de que la consolidación del sector bancario, tanto a través de fusiones nacionales como transfronterizas, puede contribuir a mejorar la eficiencia y beneficiar a los consumidores.
Consecuencias del procedimiento de infracción
El procedimiento de infracción abierto por Bruselas establece un periodo de diálogo con las autoridades nacionales para abordar las inquietudes planteadas. Si no se logra una resolución satisfactoria, el asunto podría ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría acarrear sanciones adicionales para España.
La Comisión Europea ha dejado claro que no se pronunciará sobre casos individuales de consolidación bancaria, pero su compromiso por asegurar que la legislación nacional esté alineada con las directrices comunitarias sigue siendo firme. Con el futuro de la opa del BBVA y Sabadell en el aire, el escenario se torna incierto mientras se desarrollan los acontecimientos.
