La Audiencia de Granada juzgará el próximo 7 de octubre a una banda organizada compuesta por cinco ciudadanos rumanos acusados de asaltar las instalaciones de Emasagra, la empresa pública encargada del suministro de agua en Granada. Este grupo perpetró un primer robo el 30 de enero de 2023, donde sustrajeron cobre y causaron daños significativos a la infraestructura, seguido de un segundo intento de robo de combustible.
Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los acusados accedieron a las instalaciones de Emasagra, situadas en el Caminos de Purchil, rompiendo una alambrada. En su primer asalto, lograron llevarse material valorado en poco más de 1 000 euros, pero causaron daños que ascienden a casi 40 000 euros, impactando así en un servicio público esencial.
El segundo asalto se produjo en la medianoche del día siguiente. Los delincuentes regresaron a las instalaciones en una furgoneta, esta vez con la intención de robar el combustible de los camiones allí estacionados. Sin embargo, fueron descubiertos por un vigilante de seguridad, quien avisó a la Policía Nacional y proporcionó detalles del vehículo en el que huyeron.
Un operativo policial fue desplegado y logró localizar la furgoneta. A pesar de que el conductor hizo caso omiso a las señales de alto y condujo de manera temeraria, saltándose semáforos y poniendo en peligro la vida de otros usuarios de la vía, otras patrullas lograron detener el vehículo. Los cinco acusados fueron encontrados escondidos en la parte trasera, bajo mantas.
Consecuencias legales y acusaciones
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de robo con fuerza en instalaciones públicas, solicitando una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para cada uno de los acusados. Además, el conductor se enfrenta a un año adicional de cárcel por conducción temeraria, así como a la retirada del carné de conducir durante cuatro años.
El juicio se llevará a cabo en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, donde se valorarán las pruebas presentadas y se determinará la culpabilidad de los implicados en estos delitos que han afectado a un servicio público esencial para la comunidad granadina.