El Gobierno de Andalucía solicitará hoy al ministro de Turismo, Jordi Hereu, la gestión compartida de los aeropuertos de la comunidad autónoma. Esta petición busca defender «los intereses reales del territorio» y avanzar hacia la desestacionalización del turismo, así como la desconcentración de la demanda en ciertos meses del año.
No es una solicitud aislada, ya que trece comunidades autónomas gobernadas por el PP harán un planteamiento similar en la Conferencia Sectorial de Turismo que se llevará a cabo en Madrid, tras más de dos años sin convocarse. Estas comunidades argumentan que representan el 74% de los viajeros y el 73% de las pernoctaciones hoteleras en España.
Las comunidades que apoyan esta iniciativa incluyen a Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y la Región de Murcia. En la Declaración de Sevilla firmada el 23 de octubre, expresan su rechazo a la visión mercantilista del Gobierno en la gestión de aeropuertos regionales, argumentando que esta perspectiva limita la competitividad y afecta negativamente la conectividad.
Las comunidades piden que la integración de los aeropuertos con la red ferroviaria se realice de manera adecuada. Además, defienden que tienen competencias exclusivas en turismo y ordenación del territorio, gestionando los principales destinos turísticos del país, por lo que deberían tener voz en las decisiones que impactan en esta industria.
El consejero de Turismo, Arturo Bernal, considera incomprensible que la principal industria del país carezca de peso en el Consejo de Ministros. A pesar de esto, asistirán a la reunión con una actitud abierta al diálogo y la esperanza de que se presente una estrategia turística nacional.
Uno de los puntos de desacuerdo entre el ministerio y el Gobierno andaluz es el registro de viviendas turísticas. La Junta sostiene que esta es una competencia exclusiva autonómica y que no debería existir un doble registro administrativo, ya que en Andalucía ya hay uno vigente. Bernal señala que la Unión Europea ha respaldado a las comunidades en este aspecto y que la Junta tiene la autoridad para sancionar, por lo que la acción del ministerio de retirar viviendas de las plataformas de reservas no resulta eficaz.
Además, la Junta defiende en la Declaración de Sevilla que la crisis de acceso a la vivienda es un problema estructural ajeno al turismo, causado por el fracaso de la Ley Estatal de Vivienda y otros factores que requieren respuestas decididas basadas en un diagnóstico correcto, no en la búsqueda de culpables. Según la Junta, las Viviendas de Uso Turístico, cuando están bien reguladas, contribuyen a la revitalización de los centros urbanos y complementan la oferta turística, sin ser la causa de la desigualdad ni de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a todo el país.
