En España, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los retos sociales y económicos más acuciantes de nuestro tiempo. A lo largo de las dos últimas décadas, el país ha legislado con fervor en este ámbito, aprobando más leyes, decretos y medidas que muchos de sus homólogos europeos. Sin embargo, la situación de la accesibilidad a un hogar digno y asequible sigue empeorando. La razón no radica en una regulación excesiva, sino en la falta de innovación financiera en el sector inmobiliario.
La realidad es que el acceso a la vivienda impacta directamente en la vida de jóvenes que no logran emanciparse, en familias que dedican gran parte de sus ingresos al alquiler y en propietarios que navegan en un mercado cada vez más incierto. En este contexto, el debate público suele centrarse en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda, mejorar las regulaciones y proteger a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, se olvida un aspecto crucial: la innovación financiera es fundamental para transformar este panorama.
Durante décadas, el sector inmobiliario español ha operado bajo los mismos mecanismos. La barrera de entrada para la compra de una vivienda sigue siendo un capital inicial inasumible para la mayoría. La inversión en inmuebles permanece reservada a patrimonios elevados, mientras que millones de ciudadanos quedan excluidos de un mercado que condiciona su futuro. Es en este contexto donde el sector público, al impulsar vivienda asequible y reforzar programas de ayuda, debería abrir un segundo frente: la incorporación de herramientas que faciliten un acceso gradual, asequible y seguro al ecosistema inmobiliario.
Para ilustrar la posibilidad de cambio, es útil observar otros sectores que han adoptado innovaciones disruptivas. Por ejemplo, en la movilidad, el carsharing ha revolucionado la forma en que las personas acceden a vehículos; en el ámbito financiero, la banca digital ha democratizado el acceso a servicios financieros; y en energía, el autoconsumo ha permitido a los ciudadanos generar su propia electricidad. En el sector inmobiliario, sin embargo, estas transformaciones han llegado más tarde, a pesar de que ya contamos con tecnologías y modelos seguros y maduros, como la tokenización, plataformas de inversión colectiva y modelos híbridos de tenencia.
Estas innovaciones han dado lugar a fórmulas que permiten la participación progresiva en el mercado inmobiliario: desde la microinversión inmobiliaria hasta modelos de compra fraccionada o esquemas de alquiler más flexibles. Además, hay plataformas que facilitan la financiación de rehabilitaciones y proyectos urbanos sin requerir grandes aportaciones. No se trata de reemplazar los modelos tradicionales, sino de complementarlos y democratizar un mercado que históricamente ha estado reservado a unos pocos.
Esa apertura es vital en un momento de tensión estructural en el mercado. Para lograr un equilibrio, no basta con construir más viviendas o moderar la demanda; es crucial que el capital público y privado se dirija hacia proyectos que realmente lo necesitan. Cuando la participación se limita a un grupo reducido, la capacidad de activar promociones o rehabilitar edificios se estanca. En cambio, al ampliar los canales de participación, incluso con pequeñas contribuciones, se movilizan recursos que actualmente permanecen inactivos y que podrían transformarse en vivienda asequible y regeneración urbana.
Es aquí donde la colaboración público-privada se convierte en una condición imprescindible. La administración aporta la visión global, la capacidad normativa y la responsabilidad de garantizar vivienda digna, mientras que el sector privado contribuye con inversión, tecnología y agilidad en la ejecución. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de combinar capacidades para abordar un reto que ni el Estado ni el mercado pueden resolver de manera aislada.
También es fundamental considerar la dimensión social de esta problemática. Cuando el acceso a la vivienda se siente como un privilegio inalcanzable, la frustración crece y se quiebra la noción de progreso. Sin embargo, al ofrecer rutas más accesibles, como la construcción de patrimonio a lo largo del tiempo o la participación en proyectos inmobiliarios de forma gradual, devolvemos a jóvenes y familias la esperanza de que el avance es posible.
La innovación debe ir de la mano de la transparencia, la supervisión y una regulación proporcional. La meta no es generar nuevos riesgos ni repetir errores del pasado, sino utilizar la tecnología y las finanzas de manera responsable para crear valor real y accesible para las personas.
Si realmente deseamos abordar el acceso a la vivienda en España, es imperativo que vayamos más allá de las soluciones tradicionales. Necesitamos viviendas, regulaciones y protección social, pero también audacia, imaginación y herramientas que permitan la inclusión de aquellos que durante demasiado tiempo han estado excluidos del mercado inmobiliario. En definitiva, es la hora de innovar.
Robin Decaux, CEO y cofundador de Equito.
