La dirección del centro penitenciario de Cáceres ha tomado la decisión de apartar a un educador y funcionario del módulo de respeto, tras la denuncia de un supuesto «sistema de terror» que este habría instaurado entre los reclusos. La acción se produce un mes después de que el medio THE OBJECTIVE revelara las irregulares prácticas de este trabajador, quien habría buscado ganar poder e influencia en la prisión.
El funcionario ha sido reubicado en el departamento de ingresos, donde se reciben a los nuevos internos. Esta medida implica su salida de la junta de tratamiento, el órgano responsable de decisiones importantes como la clasificación de los presos y la concesión de permisos. Según fuentes penitenciarias, el educador habría utilizado su posición para controlar a los internos mediante amenazas y coacciones, favoreciendo a algunos a cambio de lealtad.
La decisión de la directora del centro se ha tomado en un ambiente de gran tensión entre el personal, que exige más transparencia y medidas más contundentes. «No hemos recibido información oficial, nos enteramos de las decisiones una vez tomadas», afirman los funcionarios. Los sindicatos de la prisión han solicitado informes sobre las acciones emprendidas para esclarecer la situación.
La directora ha indicado que ha enviado varios informes sobre los hechos denunciados a la Subdelegación del Gobierno, subrayando que no ha recibido quejas formales por parte de internos o de sus familias. Sin embargo, los empleados del centro mantienen que las quejas han sido constantes y que se han elevado a la inspección penitenciaria en numerosas ocasiones.
La preocupación entre los internos del módulo de respeto ha aumentado recientemente, ya que el nuevo educador asignado se encuentra de baja, y temen represalias si el educador apartado regresa. Este funcionario, que asumió su puesto hace tres años, había creado un «comité de conflictos» compuesto por internos para mantener el orden, pero este grupo se convirtió en un instrumento de coacción.
Los testimonios indican que cuando un nuevo interno llegaba al módulo, el educador y el comité de conflictos le advertían que estaban bajo el control de su esposo, quien es subdirector, y que debían acatar sus normas. Se prometían beneficios a quienes obedecían, mientras que se intimidaba a quienes desobedecían, con amenazas de traslados o expulsiones del módulo.
Además, se han reportado agresiones dentro del grupo de confianza del educador, con denuncias por lesiones interpuestas contra él y sus colaboradores. A pesar de que el comité ha dimitido tras las acusaciones, el educador sigue teniendo contacto con sus antiguos aliados, lo que ha llevado a que varios educadores hayan solicitado bajas médicas por temor a represalias.
La situación en la prisión de Cáceres sigue siendo crítica, con un clima de miedo y desconfianza entre el personal y los internos, y la falta de comunicación por parte de la dirección solo agrava el conflicto.
