Más de un millón de autónomos, que representan más del 20% de los afiliados al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social (RETA), están en una situación crítica, ya que declaran rendimientos mensuales inferiores a 900 euros. De estos, casi 800.000 «apenas sobreviven» con ingresos iguales o inferiores a 670 euros mensuales. En concreto, 795.413 autónomos declaran menos de 670 euros, y otros 270.784 se encuentran en un rango entre 670 y 900 euros, de un total de 3,7 millones de trabajadores autónomos en España.
Estos preocupantes datos, proporcionados por la Agencia Tributaria, han sido objeto de un análisis contundente por parte de Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Abad denuncia que estas cifras reflejan «una realidad incontestable». Según él, «la burbuja del emprendimiento ha estallado y está condenando a la precariedad y a la pobreza laboral a cientos de miles de autónomos, empujados al sistema sin un proyecto empresarial viable ni ingresos suficientes para vivir con dignidad».
Además, Abad señala que 460.980 de estos trabajadores, que incluyen a colaboradores, socios de sociedades o personas que no desarrollan una actividad económica real, no declaran rendimiento alguno, a pesar de estar cotizando en el sistema. Esta situación plantea la inquietante cuestión de si una parte significativa de estas personas debería estar integrada en el RETA, sugiriendo la necesidad de crear fórmulas alternativas, como convenios especiales con la Seguridad Social, similares a los que ya existen para otros colectivos.
Según UPTA, las políticas públicas que han incentivado el autoempleo, como la tarifa plana, han generado expectativas infundadas sobre el emprendimiento. Estas iniciativas han terminado por empujar al sistema RETA a personas que carecen de una estructura empresarial adecuada, de un mercado definido y de la capacidad real de generar ingresos suficientes. Aunque hay que reconocer que en los tramos de menor rendimiento se encuentran perfiles variados, como trabajadores por cuenta propia en las fases iniciales de su actividad, o autónomos próximos a la jubilación, Abad enfatiza que es necesario reubicar a estas personas en el mercado laboral, «garantizándoles un salario y unas condiciones de vida dignas».
Con esta perspectiva, UPTA estima que cerca de 500.000 autónomos no deberían estar actualmente integrados en el RETA. «El sistema no puede seguir funcionando como un cajón de sastre donde cabe todo», advierte Abad. «No podemos permitir que en España más de medio millón de autónomos estén condenados a la pobreza. Ninguna persona debería trabajar para ingresar menos de lo imprescindible para vivir». Esta afirmación resuena especialmente en un contexto donde muchas personas siguen cotizando sin ingresos reales, mientras que otros están atrapados en actividades que nunca debieron iniciarse.
La situación de los autónomos en España refleja un dilema profundo que requiere atención urgente. La necesidad de articular soluciones efectivas que permitan a estos trabajadores salir de la precariedad es más crítica que nunca, no solo por su bienestar, sino también por el impacto que esta precariedad tiene en la economía en su conjunto. Necesitamos repensar el enfoque hacia el emprendimiento y la autoempleo, buscando una regulación que no solo fomente la actividad, sino que también proteja a quienes realmente intentan vivir de su trabajo.
