El Sistema Nacional de Salud (SNS) de España, considerado uno de los mejores del mundo, enfrenta una crisis que pone en jaque su sostenibilidad. La infraestructura sanitaria se basa en gran medida en los bajos salarios y la precariedad laboral de un grupo de profesionales que, durante la pandemia, demostraron un compromiso y sacrificio inquebrantables. La sociedad española recompensó su dedicación con un sincero agradecimiento, pero la administración pública no ha sabido traducir ese reconocimiento en mejoras significativas en sus condiciones laborales.
La situación se agrava con la gestión de la actual ministra de Sanidad, Mónica García, a quien se le atribuye incompetencia y sectarismo ideológico. Esto ha catalizado una revuelta dentro del sistema sanitario español que ha conseguido el unánime apoyo de todos los sindicatos y asociaciones profesionales del sector. Las protestas comienzan mañana, con los médicos en el papel protagonista, y se prevé que el resto del personal sanitario se una a la causa a principios del próximo año. Esta movilización podría dar inicio a un largo periodo de inestabilidad y conflicto, con inevitable repercusión en la atención a los pacientes. No obstante, se espera que las situaciones más urgentes recibirán la atención necesaria.
La realidad es que la demanda de servicios de salud en una sociedad en proceso de envejecimiento, como la española, no ha dejado de aumentar y seguirá creciendo en las próximas décadas. Es insostenible continuar sobrecargando al personal sanitario, que enfrenta guardias de 24 horas mal remuneradas, sin que estas se computen salarialmente para la futura pensión. Además, las plantillas se mantienen reducidas y, en muchos casos, se cubren con interinos, lo que crea una estructura laboral precaria.
Es urgente establecer un estatuto marco que garantice un trato justo para todos los profesionales sanitarios, sin excepciones ni discriminación. Para asegurar el buen funcionamiento del SNS en el futuro, es necesario evitar listas de espera abrumadoras y permitir la incorporación de los avances científicos en los tratamientos médicos. Esto solo será posible si se convence a la opinión pública de que los trabajadores de la salud merecen un trato justo, tanto en términos laborales como salariales. Se requerirá un esfuerzo presupuestario y una reestructuración de los sistemas de trabajo que reflejen la evolución de la medicina moderna.
La ministra Mónica García, que ha defendido públicamente la sanidad pública y la ha contrapuesto a la privada, debe actuar con coherencia y demostrar que sus palabras se traducen en acciones reales que beneficien al sector. Esto es especialmente relevante cuando los trabajadores llevan meses denunciando planteamientos ministeriales erróneos que, hasta ahora, han caído en saco roto. La respuesta de la ministra García ha logrado, paradójicamente, unir a toda la profesión en su contra, sin distinciones ideológicas.
Las protestas que comienzan mañana son un grito de auxilio de un sector que se siente desbordado y desvalorizado. La gente necesita entender que la salud pública es un pilar fundamental de la sociedad y que sus trabajadores merecen respeto y condiciones laborales dignas. La situación actual no solo pone en riesgo la salud de los profesionales, sino que también afecta de manera directa la calidad de la atención que reciben los ciudadanos. Con un sistema sanitario cada vez más sobrecargado, es imperativo que se tomen decisiones que prioricen el bienestar de quienes sostienen la salud pública en España.
