El Gobierno de España ha puesto en marcha una nueva iniciativa para afrontar uno de los problemas más acuciantes de las áreas rurales: la despoblación. A través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la vicepresidenta Sara Aagesen, se está preparando una convocatoria de ayudas por un total de 52 millones de euros para financiar proyectos económicos y de transformación en zonas de riesgo. El objetivo es fijar población en pequeños pueblos de todo el país y revitalizar el tejido social y económico de estas localidades.
En comparación con el año anterior, el Ejecutivo ha multiplicado por dos el presupuesto destinado a estas subvenciones, que buscan impulsar la reactivación de comunidades afectadas por la despoblación. Desde 2022, el Ministerio ha apoyado más de 700 proyectos con una inversión total de 69,8 millones de euros. Estas ayudas están dirigidas principalmente a iniciativas innovadoras que promuevan la transformación territorial y la lucha contra la pérdida de población.
El diseño de las subvenciones contempla tres modalidades, dependiendo de quién promueva los proyectos: entidades locales, organizaciones sin ánimo de lucro, o pequeños y medianos empresarios, así como personas en situación de autoempleo. El Gobierno ha decidido concentrar estas ayudas en zonas desfavorecidas por sus condiciones geográficas o demográficas, restringiendo su acceso a municipios con menos de 5.000 habitantes.
La complejidad y transversalidad de los cambios demográficos y territoriales requieren la participación de múltiples actores. Así, tanto las entidades sin ánimo de lucro como las iniciativas empresariales jugarán un papel crucial en la dinamización social de estas áreas. En este sentido, la convocatoria de ayudas, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), priorizará proyectos que busquen mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios locales, apoyar el emprendimiento, y fomentar la creación de ecosistemas rurales innovadores.
Prioridades de financiación
Las áreas que se beneficiarán de estas ayudas incluyen cultura, ocio, deporte, servicios sociales, salud y economía de los cuidados, así como el fomento del asociacionismo y la creación de redes de cooperación. Además, se buscará apoyar proyectos que aborden la recuperación de zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales, contribuyendo así a la restauración del medio ambiente y a la resiliencia ante futuros eventos extremos.
Las ayudas podrán cubrir los gastos de los proyectos seleccionados, siempre que estos hayan sido contratados a partir de la publicación de la resolución de concesión y hasta el año 2028. Para las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales, el apoyo no podrá ser inferior a 25.000 euros ni superior a 300.000 euros, cubriendo hasta el 90% del gasto subvencionable. En el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, las ayudas oscilarán entre 50.000 euros y 200.000 euros, mientras que para pymes y entidades de la economía social, el rango de subvención será de entre 25.000 euros y 200.000 euros, con un soporte del 70% del gasto subvencionable.
Con esta nueva medida, el Gobierno reafirma su compromiso con la revitalización de las áreas rurales y la lucha contra un fenómeno que ha ido creciendo en las últimas décadas. La esperanza es que, a través de estas ayudas, se frene la despoblación y se impulse un futuro más sostenible para muchas comunidades que han sido olvidadas en el desarrollo económico del país.
